Este viernes, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como con miembros de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía a dos días de que se cumplan siete años de esa noche trágica.
Además, durante una rueda de prensa, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, consideró que Tomás Zerón, exdirector de la extinta Agencia de Investigación Criminal y prófugo en Israel, incurrió en omisiones y responsabilidad grave en la construcción de la verdad histórica.
Según la versión que dio el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y fueron entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Por su parte, el gobierno de López Obrador reabrió la investigación en 2018 y derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez, uno de los estudiantes, en la barranca de la Carnicería, a un kilómetro del basurero.
Además, el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, dijo en la misma conferencia que "existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada" en la investigación del gobierno anterior.
Denunció que con la verdad histórica se intentó que toda la responsabilidad recayera en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre las autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada.