Los presidentes de las comisiones de Seguridad Pública y de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados presentaron una iniciativa que tipifica como delito el cobro de cuotas por parte de grupos de activismo social como condición para transitar en carreteras de peaje. La iniciativa, presentada por la morenista Juanita Guerra y por el panista Manuel Pérez Díaz, reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, y adiciona el artículo 533 Bis al mismo ordenamiento.
Este último establece que se sancionará con entre seis meses y siete años de prisión la toma de vías generales de comunicación con objeto de lucro, así como el impedimento del cobro de peaje, y condicionar el tránsito a los medios de transporte que circulen en ellas.
"Quienes en el ejercicio de la conducta establecida en el artículo anterior obtengan un lucro, impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación, serán sancionados con de seis meses a siete años de prisión y multa de 750 a 1000 Unidades de Medida y Actualización vigentes", señala el artículo 533 Bis.
La iniciativa también plantea modificar el artículo 533 para agregar la interrupción del servicio y la operación de las vías generales de comunicación y de los medios de transporte al catálogo de acciones que serán sancionadas con entre tres meses y siete años de prisión, y una multa de entre 100 y 500 Unidades de Medida.
En conferencia, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el panista Manuel Pérez Díaz, reconoció que la toma de casetas se ha convertido en un "negocio nacional": "El bloqueo a las vías generales de comunicación es un negocio inmenso y tremendo para diferentes grupos que están encubiertos en un bien o en un fin social. Eso no existe. Detrás de esta situación del nuevo huachicoleo, como se ha llamado al bloqueo y posterior cobro de cuotas, está la delincuencia organizada, están grupos pseudoseguidores del bien común", afirmó.
El panista dijo que no duda que detrás de la toma de casetas también haya grupos con objetivos positivos, pero advirtió que siempre hay una afectación, ya sea económica o social. Rechazó que la iniciativa tenga como objetivo limitar la libertad de manifestación; por el contrario, dijo que el fin es dar herramientas para el actuar de la Guardia Nacional, que hasta ahora se ha mostrado titubeante ante este tipo de acciones: "Hemos visto que hay titubeo que atañe a la falta de un marco legal. Por eso lo vamos a fortalecer, y para ello hemos presentado esta iniciativa", indicó.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Juanita Guerra, recordó que desde hace casi un siglo, el bloqueo de las vías generales de comunicación es considerado un delito, pero hasta ahora la ley ha sido insuficiente, ya que en los últimos años se ha multiplicado la toma de casetas en diversas entidades del país, afectando con ello a los ciudadanos, a las comunidades aledañas y los ingresos que se obtienen vía el pago de peaje: "En los últimos años, se ha multiplicado en diversas entidades la toma de caseras por grupos que, mediante el uso de la violencia, toman el control de las plazas de cobro, impiden la recolección de peaje y condicionan a los automovilistas a darles dinero a cambio de que se les deje circular", expuso.
Dijo que esta actividad provoca una pérdida de más de 7 mil millones de pesos, aunque la cifra podría incrementarse si se consideran los daños que se generan en las unidades que circulan por dichas vías, a los usuarios y a las comunidades aledañas, o que se benefician de estos medios de comunicación: "El boteo genera pérdidas al sector por más de 7 mil millones de pesos, sin considerar los costos adicionales no cuantificados por daño patrimonial a los vehículos, costos logísticos, afectaciones a particulares que se ven impedidos para realizar sus actividades y a los transportistas, afectando su cadena de movilidad", sostuvo.
Guerra señaló que con esta iniciativa se busca reordenar la ley para establecer con más precisión las conductas a sancionar, así como sus alcances.