Jennifer “N” fue presentada ante un juez en la audiencia inicial en la que se le imputaron los delitos de homicidio doloso con alevosía y ventaja, además de lesiones graves y gravísimas que ponen en riesgo la vida de otras personas más que fueron atropelladas el domingo tras el partido entre el Santos Laguna y los Rayados del Monterrey.
Todas las víctimas son seguidoras del equipo regiomontano, quien ha pagado los gastos médicos y el servicio funerario de Maribel Mercado Gallegos, que perdió la vida.
Familiares, testigos y los mismos familiares aseguran que sí fue un acto con dolo, el Ministerio Público presentó la imputación ante el juez Alonso de Santiago, quien otorgó la duplicidad del término constitucional por 144 horas para la audiencia de vinculación a proceso, la cual se llevará a cabo el 29 de enero a las 09:30 horas.
Casi tres horas tardó la audiencia inicial en la que se determinó que Jennifer “N” provocó la muerte de Mercado Gallegos, quien se encontraba afuera del estadio Territorio Santos Modelo, con un grupo de aficionados de los Rayados del Monterrey y quienes compraban elotes mientras que llegaba el camión en el que regresarían a Nuevo León tras apoyar a su equipo.
También se le acusó de las lesiones calificadas como leves, extendidas y lesiones gravísimas que mantienen en riesgo a cuatro de los nueve atropellados, y los cuales se encuentran en terapia intermedia e intensiva. A dos de ellos se les reconstruyó extremidades inferiores y uno se encuentra intubado.
Jeniffer “N” no hizo declaraciones en la audiencia y el juez estableció como medida cautelar la prisión preventiva, debido a que hay riesgo de que huya al ser residente en el estado de Texas, de acuerdo con la licencia encontrada al interior de la camioneta que conducía con palcas de dicho estado y con la cual embistió a los aficionados rayados.
La defensa trató de evitar dicha resolución, pero el juez consideró como prueba válida la imagen de su licencia de conducir que coincide con el testimonio que la pareja de la mujer rindió ante el Ministerio Público de que ésta vivía en Del Río, Texas, y con ello se confirmaba la posibilidad de que pudiera evadirse de la justicia.
El Ministerio Público también presentó un informe de la Policía Civil de Coahuila, en el cual la presunta responsable trató de sobornar a los elementos con una cantidad de dólares para que la dejarán ir y no seguir con la investigación.
Fuente: Proceso