La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, una de las mayores tragedias de derechos humanos en México, cumple este domingo siete años con sólo tres de los jóvenes identificados y el principal investigador del caso en el Gobierno anterior, Tomás Zerón, prófugo en Israel.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó hace casi tres años reanudar las búsquedas, con lo que se identificaron restos de dos nuevos estudiantes, e investigar a responsables de la administración pasada que dieron carpetazo al caso con un falso relato de los hechos construido a partir de torturas a testigos.
Sin embargo, el hartazgo comienza a aflorar entre las familias, que dieron un voto de confianza a la Comisión de la Verdad creada por López Obrador, pero sienten que la Fiscalía General de la República y el Ejército ponen trabas al proceso.
Además, llegan a este séptimo aniversario sin nuevos hallazgos y tocados por la reciente muerte por Covid-19 de dos padres de familia que ya nunca sabrán el paradero de sus hijos.
Identificados
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala (Guerrero) y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río cercano.
El actual gobierno derrumbó definitivamente esta versión al identificar restos no calcinados de Christian Rodríguez en 2020 y de Jhosivani Guerrero en junio pasado, ambos en la barranca de la Carnicería, fuera del basurero.
Estas dos identificaciones se suman a la de Alexander Mora, cuyos restos fueron hallados en el río en 2014.
La Comisión de la Verdad, dirigida por Alejandro Encinas, da por hecho que los estudiantes nunca estuvieron juntos en un mismo lugar y que en la desaparición participaron criminales y fuerzas de seguridad de todos los niveles, no sólo policías municipales.