La Corte Suprema desestimó este jueves una demanda del Gobierno mexicano que alegaba que los fabricantes de armas estadounidenses debían ser considerados responsables de la violencia de los cárteles en la frontera suroeste.
La decisión blinda a las empresas de una demanda que había reclamado miles de millones en daños y perjuicios.
La jueza Elena Kagan escribió la opinión de la decisión unámine, explicando por qué la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que permite que las demandas sigan adelante si se basan en una violación subyacente de una ley estatal o federal, no permite que la demanda contra México siga adelante:
“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas de fuego por parte de comerciantes de armas a traficantes mexicanos”, escribió Kagan para el tribunal. “Tenemos pocas dudas de que, como afirma la denuncia, algunas de esas ventas tienen lugar, y que los fabricantes saben sucede”.
“La excepción predicada permite la responsabilidad como cómplice solo cuando un demandante hace una alegación plausible de que un fabricante de armas ‘participó en’ una violación de armas de fuego ‘como en algo que (deseaba) llevar a cabo’ y trató de hacer que tuviera éxito”, agregó Kagan.
“Dado que la demanda de México no lo hace, los fabricantes demandados conservan la inmunidad que les otorga la PLCAA”.
La demanda de México llega en un momento especialmente tenso en su relación con Estados Unidos, ya que el presidente Donald Trump ha presionado al país para que reduzca aún más el flujo de migrantes y drogas hacia el norte. El litigio, presentado en 2021, fue una especie de contrapunto que ponía el foco en un producto estadounidense que está contribuyendo al caos en la frontera.