A partir del 5 de agosto en Italia será obligatorio mostrar el certificado sanitario del coronavirus antes de sentarse a la mesa dentro de un bar o un restaurante, entre otros locales de ocio, según anunció hoy por el Gobierno.
El Consejo de Ministros aprobó un decreto en el que además se amplía el estado de emergencia por cinco meses más, hasta el 31 de diciembre, en medio de un repunte de los contagios.
"Queremos evitar que un crecimiento de los contagios derive en nuevos cierres y el instrumento que tenemos es la vacuna. Por eso el mensaje es vacunarse, vacunarse, vacunarse", resumió el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, en una rueda de prensa.
El texto estipula la obligación del "certificado verde" -que demuestra la vacunación, el haber pasado la enfermedad o una prueba negativa- para estar bajo techo en locales como cines, bares, restaurantes, teatros, museos, estadios o conciertos. El certificado no será necesario para consumir en la barra ni en las terrazas.
El primer ministro, Mario Draghi, señaló por su parte que de este modo "los italianos podrán seguir divirtiéndose con la garantía de encontrarse entre personas que no son contagiosas" y defendió el decreto como "una medida que da serenidad".
El Ejecutivo de Roma quiere así contener al virus, que va al alza en las últimas semanas, pero también animar a la vacunación, y ha recurrido a este certificado como otros países, por ejemplo la Francia de Emmanuel Macron.
"Invito a todos los italianos a vacunarse inmediatamente, deben protegerse a sí mismos y a sus familias", animó el primer ministro tras repasar los beneficios de la vacuna para la economía y para la sociedad, dado que la cifra de muertes está en mínimos.
Sin embargo, la aprobación de este decreto, que deberá pasar por el Parlamento, ha dividido a los socios de su coalición, entre los partidarios de extender el uso del certificado, generalmente las fuerzas de izquierdas, y los que querían usarlo lo menos posible, como la ultraderechista Liga.
Tal y como reclamaba este partido, no se pedirá el certificado en los transportes públicos, aunque el Gobierno se compromete a estudiar este tema cuando pase el verano, a partir de septiembre.