A la funcionaria le fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, derivado de hechos ocurridos en abril de 2025, cuando presuntamente participó en la privación de la libertad de un comerciante de muebles.
De acuerdo con las autoridades, estos negocios eran utilizados para acaparar materiales y ejercer control sobre su distribución, obligando a comerciantes y clientes a comprar a precios impuestos por estructuras criminales.
Valle de Bravo fue el primer municipio en liberar sus accesos tras más de nueve horas de bloqueo. Al lugar arribaron más de 300 elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad estatal, quienes dialogaron con los inconformes y lograron acuerdos para reabrir la circulación.