Tres Pm

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) exigió la libertad inmediata del abogado Antonio Núñez, quien fue detenido la tarde del miércoles por autoridades municipales de Ixtapaluca cuando ejercía su labor de defensor, por lo que también exigieron garantizar su integridad y salud física y psicológica.

José Antonio Lara, coordinador general del organismo, refirió que aproximadamente a las 15:00 horas de este 8 de mayo el joven de 24 años “fue arbitraria y salvajemente detenido por la policía antorchista”, cuando intercedía en favor de un detenido por tomar evidencia fotográfica de una tala de árboles, “posiblemente ilegal”, respaldada por los elementos policiacos.

Lara Duque indicó que el abogado además fue amenazado durante el trayecto al Centro de Mando y Comunicación de Ixtapaluca, municipio caracterizado “por el control político de Antorcha Campesina, una de las expresiones paramilitares más violentas del Partido Revolucionario Institucional (PRI)”.

La demarcación es gobernada por Maricela Serrano Hernández, esposa de Jesús Tolentino Román Bojórquez, dirigente del Movimiento Antorchista en el Estado de México.

El coordinador del CDHZL explicó que Núñez es responsable jurídico de la región oriente del Valle de México y este día atendió el llamado de auxilio de una persona que fue arbitrariamente detenida por tomar las gráficas, y quien quedó en libertad gracias a la intervención del activista.

Lara Duque advirtió como absurdo pretender que “sacar fotos” sea un delito, pero aún más ilógico que los policías hayan tomado represalias contra el abogado: “lo rodearon, lo intimidaron, y cuando notaron que no lograron su objetivo, lo subieron a una camioneta en calidad de detenido para insultarlo y amenazarlo durante el trayecto hasta privarlo de su libertad”.

“Antonio Núñez, integrante del CDHZL, fue violentado y arrestado por autoridades de Ixtapaluca en el momento en que ejercía su trabajo como defensor de los derechos humanos. ¡Exigimos su inmediata libertad!”, apeló.

Lara Duque indicó que hasta este momento solo se sabe que José Antonio Núñez fue trasladado al Sistema Municipal de Tecnología Policial, pero se desconoce su situación jurídica (la falta o delito que se le imputa) y su estado físico y emocional.

Por tal razón, la organización defensora de derechos humanos exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la Secretaría de Gobernación y al gobernador Alfredo del Mazo su intervención para recuperar de inmediato al abogado y salvaguardar su integridad física y psicológica.