El grupo parlamentario de Morena presentó su propuesta de Ley de Austeridad Republicana para el Estado de México que impide a los funcionarios mexiquenses ganar más que el Presidente de la República, cancela choferes y vehículos de lujo para uso personal, limita viajes al extranjero, prohíbe el uso de aeronaves para el traslado de funcionarios y obliga el cierre de oficinas públicas en el extranjero y otros estados de la República.
La Ley además pone freno a incrementos en conceptos como telefonía celular, fotocopiado, combustible, arrendamientos, viáticos, gastos de alimentación, remodelación ostentosa de oficinas, adquisición de mobiliario, bienes informáticos, papelería, asistencia a congresos, convenciones y exposiciones. De igual manera, regula la realización de adquisiciones, la contratación de obras públicas, establece obligaciones de transparencia y sanciona la comisión de faltas administrativas.
A partir de las modificaciones, también serán faltas graves el nepotismo y la simulación de acto jurídico.
Además, los servidores públicos de mando superior que se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años.
La propuesta contempla la integración de un Comité de Evaluación de la norma con representantes de la Secretarías de Finanzas y de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, el Órgano Superior de Fiscalización y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México.
Ese Comité deberá rendir un informe anual en el que se dé cuenta del cumplimiento de las medidas de austeridad implementadas y del destino de los recursos ahorrados, mientras el desacato de las disposiciones será vigilado y sancionado por las contralorías internas, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.
La diputada Azucena Cisneros, promotora de la iniciativa, indicó que la intención es conseguir que gobernantes y funcionarios vivan, como el ex presidente Benito Juárez pretendía, en la honrosa medianía con la retribución prevista por la ley.
La intención del nuevo entramado jurídico es reducir la opulencia, prebendas y dispendios que han caracterizado a la burocracia mexiquense durante décadas, e inhibir el conflicto de interés en asuntos a su cargo.
Para su dictamen, la iniciativa fue turnada a las comisiones de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas. De ser aprobada, la nueva norma aplicará para poderes, dependencias, entidades públicas y organismos autónomos.