Por exceso de legítima defensa, con la que ocasionó la muerte del sujeto que en ese momento abusaba sexualmente de ella, Roxana Ruiz fue condenada a una pena de 6 años, 2 meses y 7 días de prisión, y a un pago promedio de 285 mil pesos por concepto de “reparación del daño”.
Ángel Carrera, abogado de Roxana, adelantó que, en un plazo no mayor a 10 días, apelarán el fallo, y aseguró que, en caso de no obtener respuesta favorable, recurrirán al amparo directo y, de ser necesario, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para demostrar que la joven sólo se defendió de su agresor.
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En el último de los casos, indicó que buscarán que la pena se reduzca, en virtud de que la muchacha de 23 años de edad, oriunda de una comunidad indígena de Oaxaca, había permanecido 9 meses en prisión preventiva.
Con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada, Roxana agradeció a los colectivos “Nos Queremos Vivas Neza” y “Libertad para Roxana”, por convertirse en su fortaleza.
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“De no ser por los ánimos (que me aportaron), desde cuando hubiese perdido la cabeza y no habría aguantado un juicio tan pesado, un proceso tan duro y tan largo”, manifestó tras la emisión de la sentencia.
Lamentó que, por falta de recursos, su madre, también vecina del estado de Oaxaca, no pudo acompañarla en un momento tan trascendental en su vida, y dijo esperar aún ver crecer a su hijo.
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Insistió en que, de no haberse defendido, su madre estaría contando la historia de una víctima más de feminicidio. “Esta persona que me agredió sexualmente murió en el acto en que yo me defendí; si yo no me hubiera defendido sería yo la que estuviera muerta ahorita y quizá esta persona hubiese escapado y nadie estuviese pagando por un feminicidio más”, consideró.
“Así es la ‘justicia’ en un país feminicida, en las periferias de la Ciudad de México, en Ciudad Nezahualcóyotl, y para una mujer indígena, migrante y madre soltera. El Estado prefiere vernos muertas”, lamentaron, por su parte, los colectivos.
“Nos pronunciamos contra la criminalización hacia Roxana y las demás compañeras que hacen uso de herramientas de autodefensa para defender su vida ante agresiones sexuales o cualquier otro tipo de violencia”, manifestaron.
Insistieron en que “¡ninguna mujer debe ser encarcelada por defender y salvaguardar la vida que el Estado no garantiza!”
Las activistas advierten que Roxana fue juzgada sin considerar todas las variantes de su caso y sin perspectiva de género, pese a que la juzgadora reconoció que la joven fue abusada sexualmente en Nezahualcóyotl, demarcación a la que migró en busca de mejores condiciones de vida para ella y para su hijo.