Tres Pm

La Secretaría General de Gobierno del Estado de México, como encargada de la política interna, está obligada a investigar y solucionar la determinación de los municipios de Tlatlaya y Amatepec de cerrar sus carreteras sin que en el país se haya decretado un estado de excepción que deje sin efectos el derecho constitucional de libre tránsito, advirtió el diputado Max Correa, integrante de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la Legislatura mexiquense.
El congresista recordó que esta dependencia es la autoridad responsable de la gobernabilidad del estado, y enlace con los municipios, mientras que los ayuntamientos no pueden ejercer su autonomía fuera del marco de la legalidad, pues "autonomía no significa un estado de excepción".
Por eso, desde su punto de vista, debe investigarse si el cierre de carreteras fue determinado por una autoridad legal o por un poder fáctico, pues es bien conocido y reconocido por las autoridades que en esa zona opera el crimen organizado y no se puede descartar ninguna posibilidad, pero eso, indicó, compete determinarlo a la Secretaría General de Gobierno.
Además, destacó la necesidad de que se conozca si la decisión fue aprobada por el cabildo, quién fue el responsable y bajo qué sustento jurídico, pues las autoridades no pueden actuar por "ocurrencias".
La medida, consideró, es extrema y no resuelve de fondo el problema; incluso indicó que algunos vecinos le han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que el cierre genere desabasto, empeore el problema y complique la situación.
"Más que un beneficio, puede resultar en perjuicio de la pequeña economía, en desabasto, además de repercutir en las labores para el ciclo agrícola; el comercio y abasto de medicinas y alimentos puede verse afectado, y la salud de quienes requieran trasladarse por una emergencia", consideró.
Lo más delicado, dijo, es que las vialidades se cerraron con materiales pétreos, mientras que, para el control sanitario, habrían bastado retenes para no cerrar el paso.