Cuando sólo faltan cinco meses para concluir la actual administración estatal, la Secretaría de Finanzas giró instrucciones para que aproximadamente 107 mil docentes y 80 mil burócratas del Estado de México realicen su cambio de nómina a Grupo Financiero Banorte, propiedad del empresario Carlos Hank González, hijo del ex gobernador del mismo nombre.
Por ello, el diputado Abraham Saroné, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, exigió al Gobierno del Estado de México respetar el derecho de los maestros mexiquenses a elegir la institución bancaria de su preferencia para el cobro de su nómina.
El morenista indicó que en marzo, de forma prematura, la Secretaría de Finanzas envío oficios para informar al personal sobre el cambio de institución financiera para el pago de nómina y que, si deseaban mantener su actual plataforma bancaria, debían manifestarlo mediante escrito y entregarlo personalmente en las oficinas de esa dependencia, aunque la petición sería analizada y susceptible de una valoración positiva o negativa.
Te puede interesar: Diputados mexiquenses solicitarán revisar permisos para volar globos aerostáticos
La Dirección de Remuneraciones al personal, dijo, reportó que haría apertura de cuenta bancaria de nómina en la institución elegida por el gobierno y debían recoger su contrato y tarjeta por medio de sus coordinaciones administrativas, o bien en cinco sedes de la entidad, con entregas que los docentes consideran prematuras por las actividades en aula y administrativas que deben realizar en sus planteles educativos.
Expuso que la Comisión legislativa de Educación que encabeza comenzó a recibir denuncias de profesores mexiquenses que mostraron su rechazo y preocupación por las presiones ejercidas mediante la autoridad educativa estatal para concretar el cambio de institución de servicios financieros.
Saroné Campos consideró que esta decisión del gobierno estatal, a solo cinco meses de que concluya la administración, generó inestabilidad e incertidumbre en el magisterio mexiquense por la premura de los plazos para poder manifestar su voluntad o su inconformidad con el cambio.
Te puede interesar: Advierte diputado morenista posibilidad de que la administración estatal saliente aproveche el “Año de Hidalgo”
“Concebimos la falta de consulta entre representados y autoridad como reflejo de un distanciamiento evidente que le cierra el paso al diálogo para generar consenso; aún más grave, la carencia de un pronunciamiento dirigido a aquellos que se identifican en la inconformidad o que perciben lesionados sus derechos por la desinformación generada con relación a que su pago se vería afectado de no realizar el trámite enunciado”, precisó el diputado.
El legislador indicó que los docentes afectados manifestaron su inconformidad también con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) y su dirigente Marco Aurelio Carbajal, pues prevaleció la desinformación y no hubo una intervención oportuna para informar con mucha anticipación estos trámites o defender a los docentes sobre su derecho a elegir la plataforma bancaria de su preferencia.
Te puede interesar: Propone grupo parlamentario del PRI que bulleadores garanticen la reparación del daño moral y paguen indemnización
“Hubo gran desinformación y una falta de pronunciamiento del SMSEM, ellos se quejan que el sindicato del magisterio estatal no se pronunció, no les consultó y no los capacitó, ni tampoco les previno sobre los gastos que iban a tener porque los estaban citando en determinados lugares y con fechas muy acotadas”, advirtió.
El legislador expuso que el gobierno estatal debe pagar el sueldo a los docentes, aunque no hayan realizado cambio con la nueva institución, pues es una obligación para la parte patronal.
Los docentes mexiquenses, dijo, tienen derecho a decidir “sin presiones” cuál será la institución de servicios financieros que satisface las atenciones a sus necesidades e intereses como usuarios, y no se les debe cobrar ni un solo peso por su decisión, con la finalidad de que se garanticen las condiciones que más les favorezcan y siempre con su autorización.
El artículo 18 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, agregó, establece que “las instituciones de crédito en las que se realice el depósito del salario, pensiones y de otras prestaciones de carácter laboral estarán obligadas a atender las solicitudes de los trabajadores para transferir periódicamente la totalidad de los recursos depositados a otra institución de crédito de su elección, sin que la institución que transfiera los recursos pueda cobrar penalización o cargo alguno al trabajador que le solicite este servicio”.