La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos entabló un amparo contra la Comisión parlamentaria Especial en Materia de Amnistía, con el propósito de garantizar su permanencia hasta que se resuelva la totalidad de las solicitudes a este beneficio que ante ella sean promovidas.
El recurso de amparo en materia administrativa arguye graves omisiones de la Comisión Especial desde su constitución el 26 de marzo de 2021, y la expedición extemporánea de los lineamientos el primero de junio, de tal manera que su vigencia durante la 60 Legislatura fue de sólo 40 días hábiles, un plazo insuficiente para procesar todas las solicitudes recibidas que, tan sólo en el caso de dicha organización son alrededor de 800.
Durante más de 150 días, destacó el fundador de la organización, José Humbertus Pérez Espinoza, no hubo respuesta de la Comisión ni notificación de turnos a Presunción de Inocencia para obtener opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem), la Fiscalía (FGJEM), el Poder Judicial o la Secretaría de Justicia.
Para Presunción de Inocencia, la Comisión de Amnistía además violó el derecho de petición tutelado en el artículo octavo de la Constitución federal, pues el 17 de agosto de 2021 se le solicitó una reunión para explicarles las solicitudes y patrones en los casos de falsos culpables.
El objetivo del amparo, explicó el activista, es que la 61 Legislatura continúe con la Comisión Especial en materia de Amnistía, con base en el artículo quinto transitorio de la ley estatal en la materia, al menos hasta que se resuelvan todas las solicitudes al beneficio.
De esta manera, confió, se garantizará el desahogo de las peticiones promovidas por esta asociación civil relacionadas con delitos de alto impacto, pero por violaciones al debido proceso, a los derechos humanos o la posible fabricación de delitos. Todas ellas, manifestó, con base en los tratados internacionales.
Pérez Espinoza indicó que su organización toma la palabra a Enrique Vargas, el coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) y vicepresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), quien se pronunció porque la Comisión de Amnistía deje de ser especial y se convierta en permanente.
Adicionalmente, planteó, lo convocamos a un encuentro para exponerle la necesidad de reformar la ley, crear nuevos lineamientos, que la Comisión tenga facultades de investigación y cuente con presupuesto suficiente para sus tareas.
La iniciativa de Ley de Amnistía de PIDH, recordó, ya contemplaba estas facultades de investigación para la Comisión Especial, a fin de evaluar el sistema de justicia para dar cumplimiento al acuerdo por la seguridad pública de los mexiquenses en capacitación y certificación de operadores de justicia.
También para indagar el uso de recursos destinados al Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública y a la instalación del sistema de justicia penal acusatorio; y para pedir el apoyo del Instituto de Transparencia (Infoem) para conocer a los operadores de justicia certificados y a los que no cumplen este requisito.
Además, planteó, la Comisión en Materia de Amnistía debe estar integrada por expertos de otros países donde el sistema de justicia acusatorio ha sido exitoso, y el órgano debe prevalecer hasta que los operadores de justicia cuenten con la certificación para la correcta aplicación del sistema.