La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó la acción de inconstitucionalidad promovida por el grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local en contra de la aprobación de la Ley de Gobiernos de Coalición.
La bancada prevé que el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, enliste la discusión para las primeras semanas de diciembre, pues el proceso electoral en el Estado de México inicia en enero y antes de que eso ocurra debe definiste el marco jurídico que regirá la contienda.
Por ahora, Zaldívar Lelo de Larrea dio trámite a la acción de inconstitucionalidad 144/2022, a partir de las documentales presentadas por 27 diputados locales que integran la bancada morenista en el Congreso mexiquense.
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Para los inconformes, las reformas que crean la Ley de Gobiernos de Coalición van en contra de los derechos constitucionales y son una contradicción al sistema jurídico-legal.
Por eso, demandan se declare la invalidez del Decreto 91 por el que se reforma el Código Electoral del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México el 30 de septiembre de 2022.
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La Suprema Corte turnó el expediente a la ministra Yasmín Esquivel Mossa como instructora del procedimiento, de conformidad con el registro que se lleva en la Subsecretaría General de Acuerdos.
Una vez que fue aceptada la acción de inconstitucionalidad, la Corte pedirá un informe a la Sala Superior del Tribunal Electoral y a la Legislatura local, y se prevé que en las primeras semanas de diciembre se enliste el asunto para su discusión en la Corte, dado que el proceso electoral en el Estado de México inicia en enero.
El diputado Daniel Sibaja insistió que la Ley de Gobiernos de Coalición, que impulsaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN) es inconstitucional.
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Además, refirió, cualquier actor político de partido que se sienta inconforme con el no otorgamiento de una posición en el gabinete estatal, no podría impugnar ante Tribunales porque hay jurisprudencia que impide a los impartidores de justicia interferir en el ámbito legislativo y ejecutivo.
Los morenistas consideraron, de igual manera, que los promotores de la Ley de Gobiernos de Coalición se asumen como la voz del pueblo cuando solo defienden intereses partidarios para mantener cuotas de poder, y ven al Estado de México como una plaza que se puede repartir.