Por legalidad y para abatir los rezagos en materia de prestación de servicios públicos, regidores de representación proporcional de Ocuilan pidieron al Gobierno del Estado de México, a la Legislatura local y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) definir la titularidad del ayuntamiento, pues ha pasado medio año y no existe un alcalde en forma porque el propietario continúa sujeto a proceso, lo que a su vez entrampa la administración.
Desde el punto de vista del quinto, sexta y séptimo regidores, la legislación vigente es clara en el sentido de que el suplente debe asumir el cargo en caso de las licencias del propietario que superen los cien días, pues de otra manera no tendría razón de ser que las planillas incluyan la figura de un alcalde suplente. El arribo de Wilfrido Pérez al cargo, indicaron, no es un capricho, sino una disposición jurídica.
“No es un tema de cuestiones partidistas ni preferencias, en la elección se eligió a presidente propietario y suplente, síndico y cuatro regidores… No es preferencia por uno u otro, sino quién está facultado para asumir el cargo”, expusieron.
Acusaron que, primero en manos de la segunda regidora, Lucía Torres, y ahora del primer regidor, Jesús Vallejo, la administración municipal no tiene “ni pies ni cabeza”, los servicios públicos son deficientes, hay afectación en la toma de decisiones, inestabilidad y retrasos en obra pública.
También señalaron que es nula la rendición de cuentas, falta transparencia en temas como la nómina y a la fecha no ha sesionado una sola vez la comisión de hacienda.
De hecho, indicaron, ni siquiera se conocen las condiciones en que se encuentra el proceso que se sigue a Emilio Arriaga, el alcalde propietario, sujeto a prisión preventiva desde diciembre pasado, mientras se determina su responsabilidad o se le absuelve en el delito de privación ilegal de la libertad en contra de un colaborador de la ex candidata perredista, pues el cabildo incluso ha negado esa información.
Los ediles precisaron que, a la fecha, Arriaga Villa ha solicitado cuatro licencias; la última le fue concedida hace unos días por mayoría de votos y vence el 27 de septiembre. Recordaron que según los magistrados, la ley no establece un límite de licencias por hasta 100 días, pero expusieron que “una laguna jurídica no puede ser pretexto” para incumplir la norma y afectar a los habitantes.
También demandaron la intervención del Gobierno estatal para garantizar el derecho a la libre manifestación de los habitantes que, desde hace cinco días, se apostaron en la explanada municipal en demanda de servicios, pues el ayuntamiento quiere desvirtuar el sentido de la protesta y violentar el derecho a la libre manifestación.
De igual manera, anticiparon que en unos días el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomará la decisión final sobre el caso, pero consideraron que, de ratificar la decisión del Tribunal Electoral del Estado de México, se podría agudizar el conflicto social.
Por eso, insistieron en la necesidad de que el Gobierno Estatal, la Legislatura local y el TEPJF tomen la determinación final, pues las condiciones serán las mismas mientras se deje al libre albedrío del cabildo.