Regidores de oposición en el ayuntamiento de Tlalnepantla acusaron opacidad en el proceso de licitación para el actual relleno sanitario en un Centro Integral de Manejo de Residuos para concesionarlo por 20 años, y el hecho de que el alcalde, Raciel Pérez Cruz, dejará el cargo apenas concluya el concurso porque solicitó licencia.
Al comparecer ante los integrantes del cabildo, Berenice Coronado Pineda, consejera Jurídica, a quien se designó presidenta del Comité de Concesiones, justificó que por el momento no es posible dar detalles sobre el procedimiento, porque se encuentra en desarrollo y ventilar cualquier dato podría afectar la equidad del concurso.
Pérez Cruz secundó que revelar cualquier dato en estos momentos podría transformarse en ventaja o desventaja para alguna o algunas de las empresas que participan en el concurso, y descartó que la negativa se traduzca en opacidad porque el procedimiento se encuentra definido en las bases.
En todo caso, consideró, “allí están los tribunales para que decidan”, al referirse a la posibilidad de que los participantes inconformes impugnen el fallo.
Y sugirió que algunas integrantes del cabildo se encuentran tan interesadas en el proceso de licitación, que hasta parecerían parte de alguna empresa.
En contraste, Martha Elba Soto, la tercera síndico; y las regidoras Lorena Roa, Alina Luna, Karen Zamarripa y Lizbeth Nava cuestionaron que el alcalde dejará el cargo tan pronto como concluya el proceso de licitación citado, pues solicitó licencia a partir del 6 de diciembre.
Pidieron conocer el sustento legal para determinar que la consejera Jurídica encabece el Comité de Concesiones, pues conforme a la legislación vigente, este organismo debe integrarse por otros funcionarios.
Acusaron que tampoco existe fundamento legal para establecer en cien mil pesos el costo de las bases, pues el marco jurídico vigente determina que para un proyecto como el analizado la venta apenas sobrepasa los 7 mil pesos por participante.
Solicitaron, sin que la petición fuera atendida, la suspensión y reposición del procedimiento; la intervención de la Contraloría Interna y el inicio, de oficio, de un procedimiento de responsabilidad porque no hay aprobación del cabildo para haber solicitado a la Legislatura permiso para concesionar a 20 años el tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos.
Finalmente, Coronado Pineda justificó que las normas aludidas por las ediles son de aplicación estatal, no inciden en los municipios ni aplican para el Comité de Concesiones.
La cantidad en la que se vendieron las bases, expuso, fue determinada por el Comité de Concesiones y la ley no aplica a los procedimientos de concesión.