El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios rechazó la agresión a la libertad de expresión de un alumno de la Escuela Preparatoria Número 2, plantel Nezahualcóyotl, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), ocurrida durante un acto de campaña de una de las candidatas a rectora.
Mediante un pronunciamiento público, el órgano solicitó al Consejo Universitario y a las autoridades competentes que se garantice el ejercicio pleno de la libertad de expresión, que los hechos no se repitan y se implementen medidas para evitar posibles faltas administrativas por parte de personas servidoras públicas universitarias durante la contienda.
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El Comité recordó que la libertad de expresión es un pilar fundamental para asegurar la participación ciudadana en un proceso democrático, y reiteró su llamado anterior al Consejo Universitario para que enaltezca los principios de integridad, imparcialidad, objetividad, legalidad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad durante la elección de rectora.
Tras el acto de acoso contra el estudiante, el Comité, en su carácter de instancia de vinculación con organizaciones sociales y académicas enfocadas en la prevención y sanción de hechos de corrupción, subrayó que toda universidad pública debe ser un espacio donde se respete el pensamiento crítico, se fomente el debate y se proteja el cuestionamiento como parte esencial de la vida académica.
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También demandó respeto al pluralismo ideológico, en el entendido de que en una universidad pública deben coexistir distintas corrientes de pensamiento político, filosófico o religioso, así como plena protección frente a cualquier forma de censura.
Además, hizo un llamado a respetar los límites razonables de la libertad de expresión, subrayando que ésta no debe ser utilizada para promover discursos de odio, violencia, discriminación o para vulnerar derechos.
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Finalmente, solicitó al Consejo Universitario y a la UAEMex brindar acompañamiento a los universitarios para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, tomar medidas para evitar la repetición de estos hechos y prevenir actos que pudieran constituir faltas administrativas. Asimismo, convocó a la comunidad universitaria a denunciar ante la Defensoría de Derechos Universitarios o el Órgano Interno de Control Universitario cualquier posible violación a sus derechos o acto de corrupción.