La Sección Instructora de la Legislatura del Estado de México propuso declarar infundada la procedencia de juicio político contra el ex gobernador Alfredo del Mazo, diputados de la anterior Legislatura y el ex secretario de Justicia, Rodrigo Espeleta, por avalar que el poblado y el ejido de San Mateo Ixtacalco, que pertenecía al municipio de Cuautitlán Izcalli, se adhiriera a Cuautitlán México.
“Se declara infundada la incidencia planteada y notifíquese”, plantea el resolutivo de anteproyecto de dictamen del órgano integrado por los diputados panistas Adrián Juárez y Martha Moya, y la morenista Luz María Hernández. No obstante, la decisión no contempla mayor argumento.
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El dictamen final será integrado el próximo lunes y, de ser ratificado en sus términos, el pleno cameral no tendrá que instaurarse en Gran Jurado para desahogar el juicio.
En julio del 2021 el Congreso local aprobó el decreto que modifica los límites territoriales de los municipios citados y afecta 384 hectáreas; Fuentes Ruiz impugnó la determinación con el argumento de que el Congreso carece de facultades para tomar ese tipo de determinaciones y, al hacerlo, incurrió en varios supuestos para la inhabilitación; por tanto, pidió iniciar juicio político en contra de los involucrados.
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No obstante, en septiembre de 2022 la Legislatura mexiquense desechó la demanda “por manifiesta e indudable procedencia”, pero la determinación fue impugnada porque el denunciante señaló que no fue escuchado para tomar esa decisión.
El 25 de mayo de 2023, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito concedió el amparo de la justicia a Fuentes Ruiz y ordenó a las autoridades responsables observar, de forma puntual, el trámite para la denuncia de juicio político.
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La Sección instructora deberá determinar si la imputación es procedente o no, formular dictamen y notificar a la Legislatura para que resuelva si se continúa el procedimiento o se desecha la imputación.
Conforme a la ley, el juicio político puede iniciarse mientras los denunciados se encuentran en funciones o durante un año después de concluirlas, y resulta procedente cuando los actos u omisiones denunciados perjudiquen el interés público o causen perjuicio grave al Estado.