El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Legislatura mexiquense planteó sancionar con hasta 15 años de prisión a quien desvíe recursos de los subsidios para el campo, como mecanismo para garantizar su entrega a quienes realmente los necesitan.
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Específicamente, la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México prevé una sanción de tres a 10 años de prisión contra quien dolosamente venda, adquiera, posea o trafique con semillas, fertilizantes, plaguicidas, implementos u otros materiales.
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La propuesta remitida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia plantea que las personas servidoras públicas de alguna entidad o dependencia estatal o municipal que entreguen estos insumos a quienes no tengan derecho a recibirlos; o que indebidamente nieguen o retarden la entrega a quienes tienen derecho a recibirlos, tendrán la misma sanción.
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Adicionalmente, propone que las penas por estos delitos se aumenten en una mitad más -es decir, que alcancen hasta 15 años- para la persona trabajadora o servidora pública que, con motivo de su trabajo, suministre información o documentación privilegiada y/o reservada del programa subsidiado.