Debido a que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) reporta que las administraciones municipales tienen adeudos por 4 mil 948 millones de pesos, y a que estos pasivos suelen heredarse a los nuevos cabildos, lo que representa una carga extra, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso sancionar con cárcel la omisión en el pago a proveedores por parte de los ayuntamientos.
De ser aprobada, la propuesta surtiría efectos a través de reformas a distintos ordenamientos locales para tipificar estos adeudos como delito de obstrucción a la inversión, será cometido por el servidor público municipal que incurra en la omisión del pago de pasivos a proveedoras de bienes, servicios o insumos, y sancionado con entre 5 y 10 años de prisión, con la destitución del cargo e inhabilitación en el servicio público por el mismo periodo.
Conforme a la iniciativa, corresponderá al Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad determinar el pago de una indemnización cuando esta conducta haya provocado daños y perjuicios a personas proveedoras con las que hubiesen adquirido todo tipo de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones y, adicionalmente, el servidor estará obligado a reparar la totalidad de los daños y perjuicios causados, y las personas que hayan obtenido un beneficio indebido serán solidariamente responsables.
Estos servidores públicos, en calidad de sujetos obligados a transparentar información oficial en su poder, deberán poner a disposición del público la información relativa a los adeudos con personas jurídicas colectivas proveedoras de bienes y servicios, para el cumplimiento de sus funciones, en tanto que los municipios, en general, el listado de personas jurídicas colectivas proveedoras de bienes y servicios, criterios de contratación, montos de deuda y pagos realizados, y los elementos que acrediten esta información.
También plantea que durante los procesos de entrega-recepción, los asuntos y compromisos financieros que rebasen el término de la gestión municipal y los inconclusos deberán quedar debidamente registrados en el acta respectiva, documentados y justificados por la administración pública municipal saliente.
Esta iniciativa, que prevé reformar la Ley Orgánica Municipal, La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, el Código Penal y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, fue turnada a comisiones para su análisis y dictamen.