Pese a la abstención del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Legislatura mexiquense aprobó solicitar a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de la entidad, a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno mexiquense y a la Auditoría Superior de Fiscalización del estado, iniciar la investigación contra quienes resulten responsables del desfalco financiero al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
El punto de acuerdo avalado de obvia y urgente resolución, fue promovido por la morenista Azucena Cisneros, quien advirtió que “el patrón de saqueo al patrimonio del ISSEMyM arrancó durante el gobierno de Arturo Montiel, se intensificó entre 2005 y 2011 durante el sexenio de Enrique Peña, y permaneció durante la gestión de Eruviel Ávila, cuando de manera alternada desaparecieron montos de partidas completas en los ingresos anuales de esos ejercicios”.
Entre las anomalías, enlistó el uso del subsidio anual al fondo de pensión para propósitos diversos, condonación de deudas multimillonarias a entes públicos y organismos irregulares como los Cuerpos de Seguridad Auxiliar (CUSAEM) sin justificación aparente, y la contratación de créditos con nuevos bancos en arriesgadas inversiones que no han sido aclaradas.
Tras el ejercicio 2005, cuando Peña Nieto llegó al poder, indicó, las ventas en los centros departamentales pasaron inexplicablemente de 145 millones 273 100 pesos, a 9 millones 049 900 pesos en 2006, para luego desaparecer cualquier registro de este concepto en los ejercicios de 2007 y 2008. Las auditorías externas a las cuentas públicas revelaron que en los ejercicios 2005, 2007, 2008 y 2009, los ingresos por “financiamiento al fondo de pensión” desaparecieron de los reportes anuales, para reaparecer en los estados contables del 2006, con el registro de 79 millones 683 500 pesos.
En 2009, año de elecciones intermedias, refirió la legisladora, el ISSEMyM registró una avalancha de 851 plazas nuevas que luego desaparecieron sin explicación alguna. También desapareció el registro de lo recaudado por concepto de “centros sociales y asistenciales” de ese año, para reaparecer en 2010 dentro del rubro de ingresos, por 19 millones 375 900 pesos. El ejercicio 2011, que marca la salida de Peña Nieto del Gobierno mexiquense y la llegada de Eruviel Ávila Villegas, señaló, termina por hacer añicos el patrimonio del instituto. Con Ávila Villegas el activo circulante del organismo se redujo en casi mil millones de pesos sólo durante su primer año; los gastos en servicios personales crecieron 18.3% y en 48.2% los servicios generales.
En vísperas de elecciones, le inyectaron más de 1 140 millones de pesos bajo el concepto de “inversiones financieras” e inusitadamente se registran ingresos “por clasificar” -su origen- por otros 636 millones 32 mil pesos. En 2013, señaló, continúa el patrón y los legisladores del PRI mexiquense, con mayoría aplastante y una oposición funcional principalmente del PAN, PVEM, PRD y PT, aprobaron, una a una, las Cuentas Públicas al entonces gobernador.
En la Cuenta Pública de 2013, indicó, se habla de un saldo en “ahorro/desahorro” por más de 3 443 millones de pesos y el saldo disponible en bancos se hizo polvo: 87 millones 905 500 pesos, de los cuales el fondo de pensión corresponde a sólo 35 millones 588 600 pesos y el fondo de prestaciones apenas a 44 millones 005 mil pesos.
De manera inexplicable, antes de irse, Eruviel Ávila incrementó la deuda del ISSEMyM, que pasó de 1 523 millones que tenía en 2016, a 4 184 millones en 2017. Nunca se explicaron los motivos de la deuda. Los trabajadores sostienen que con Eruviel Ávila desaparecieron 5 mil millones de pesos. En 2017, dijo, se hicieron observaciones al ISSEMyM por 12 millones 861 mil pesos, mientras que organismos sin claridad legal como los CUSAEM le adeudan ya 1 200 millones de pesos.
Hasta 2018, destacó Cisneros Coss, el ISSEMyM atendía a un millón 108 770 derechohabientes, de los cuales 362 542 eran servidores públicos, 64 649 pensionados y pensionistas, y 681 579 dependientes económicos. De aquí la importancia de que su situación financiera no ponga en riesgo la capacidad de la institución para continuar con su objeto.
Al hacer uso de la tribuna, el Partido Acción Nacional (PAN) manifestó su apoyo al punto de acuerdo, pero aclaró que la Legislatura no tiene función de Ministerio Público, por lo que, en todo caso, tendría que optarse por una denuncia. En respuesta, el morenista Faustino de la Cruz indicó que es corresponsabilidad de los legisladores demandar a las instancias respectivas cumplir con las tareas de transparentar el manejo de los recursos: “Hemos demandado desde esta tribuna que el gobernador en turno se deslinde de su antecesor y no lo ha hecho. Esta Legislatura no es Ministerio Público, pero debe ser garante de la transparencia y de la rendición de cuentas”, apuntó.
Mientras tanto, el petista Luis Antonio Guadarrama aprovechó para demandar que se cumpla con la auditoría externa al organismo aprobada el año pasado, pero que no se ha presentado aún.