La asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos recurrirá, de ser necesario, a un amparo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que la 61 Legislatura del Estado de México, la cual inicia funciones el 05 de septiembre, reponga los 120 días en que la Comisión Especial en materia de Amnistía se ha mantenido inactiva para el desahogo de las solicitudes a este beneficio promovidas por la presunta existencia de violación a los derechos humanos, al debido proceso y/o fabricación de delitos.
Esta organización, fundada por el activista José Humbertus Pérez mientras estuvo detenido en el penal de Chiconautla por cuatro carpetas fabricadas, remitió este martes a dicha comisión poco más de 400 solicitudes, que se suman a cien que ya habían sido promovidas, para totalizar alrededor de 510.
En estos casos se denuncian detenciones ilegales, pruebas insuficientes e incompletas, falta de certificación de los operadores de justicia y/o fabricación de carpetas, y se imputan delitos graves a los vinculados a proceso o sentenciados, de tal manera que compete a la Legislatura local analizarlas y resolverlas.
Pérez Espinoza recordó que la Ley de Amnistía estatal se promulgó el 4 de enero pasado; a partir de su entrada en vigor, la comisión especial tenía 30 días hábiles para instalarse, pero se instaló el 26 de marzo “sin pies”, pues fue hasta el primero de julio cuando se promulgaron sus lineamientos.
Y actualmente, esta comisión ni siquiera ha desahogado las primeras cien solicitudes promovidas prácticamente en los primeros días de operación, de tal manera que ya suma 120 días de inactividad procedimental.
Cabe mencionar que el artículo quinto transitorio de la norma establece que la comisión especial “permanecerá, hasta en tanto se resuelvan todas las solicitudes que se formulen ante la 60 Legislatura”, por lo que la asociación Presunción de Inocencia demandó que sea ratificada por los nuevos diputados, con la finalidad de dar cumplimiento a esta disposición.
El activista José Humbertus no descartó que haya oposición para que así ocurra, en virtud de que diputados como el panista Enrique Vargas, quien se perfila como coordinador de la bancada de su partido, o la priista Alejandra Del Moral, a quien no se descarta para coordinar al tricolor, se han mostrado insensibles con los casos de personas privadas de su libertad injustificadamente.
Por eso, para que la normativa del quinto transitorio se respete, el además fundador del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna A.C. no descarta la promoción de un amparo indirecto, agotar el amparo en revisión e, incluso, llevar el tema a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), hasta donde ya se promovieron cinco solicitudes de amnistía.
Pérez Espinoza destacó que si bien la Comisión Especial de Amnistía afirma que estuvo analizando las peticiones durante la licencia de los diputados que se fueron a campaña, su organización no ha sido notificada como parte (promovente) sobre el estatus que guarda la primera centena de solicitudes.
Hace unos días, la Diputación Permanente incluso otorgó licencia al diputado Gerardo Ulloa, presidente de la comisión especial en materia de amnistía, hasta el 4 de septiembre, día en que concluye la actual Legislatura, sin que a la fecha se haya reconfigurado la integración del órgano parlamentario que encabezaba.
En cuanto a las 510 peticiones de Presunción de Inocencia en las que se presumen violaciones a los derechos humanos, al debido proceso y falsedad de imputación, detalló que en 80% de los casos se atribuyó a los procesados y sentenciados robo con violencia en todas sus modalidades; le sigue la acusación por secuestro, con entre 150 y 180 expedientes; después el homicidio, violación -que las víctimas no reconocen-, delincuencia organizada (con 4% de los casos), cuya acusación se parece más al homicidio o privación de la libertad.
De extorsión hay 12 casos por trata de personas y cuatro supuestos feminicidios.