Paulo Díez Gargari, abogado de Infraiber, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, ultrajes –por ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador-, provocación de un delito, apología del delito y extorsión, derivado de la denuncia promovida en su contra por Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., tras la toma simbólica a esa autopista el 30 de septiembre de 2020.
“El juez de Barrientos resultó ser lo que me temía: un vulgar juez de consigna que le dio a @Aleatica_mx la mercancía por la que pagó: mi vinculación a proceso. Nunca me he sentido más orgulloso de ser mexicano. Ánimo. Vamos a ganar”, anunció a través de su cuenta de Twitter.
Díez Gargari lamentó que el juez de control del Estado de México reconoció que detectó deficiencias graves en la imputación y solicitud de vinculación a proceso, “pero (dijo) que me vincula por mis declaraciones”, manifestó.
El abogado insistió en que la causa penal 1370/2021 promovida por Daniel Chávez Muñoz, apoderado legal del Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., carece de sustento porque fue la propia empresa quien cerró la autopista concesionada a OHL-Aleatica aquel día, e indicó que cuenta con fotografías y tres horas de grabación que así lo prueban.
“Éramos unas 50 personas, nosotros no tomamos ni la pluma; nuestro comportamiento fue ejemplar, pacífico, respetuoso, civilizado, nos metimos a una bahía que hay del lado izquierdo; de hecho, ni siquiera había vehículos, no pasaban porque la empresa ya había cerrado”, explicó, al referirse al evento que tenía como propósito pedir que la Nación recupere la autopista, pues uno de sus tramos fue construido sobre una carretera federal.
Paulo Díez adelantó que promoverá un amparo contra la vinculación a proceso, en lugar de apelar, porque no puede esperar nada de la justicia mexiquense que ha demostrado estar “a modo”.
Semanas atrás, también anticipaba la promoción de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Alejandro Gómez, titular de la FGJEM, de su vicefiscal Germán García Beltrán y de quien resulte responsable por presuntos delitos contra la administración de justicia por la fabricación de la carpeta en su contra.
Recordó que hace un mes, cuando el juez ordenó a sus denunciantes que le entregaran la carpeta de investigación, la carpeta tenía papel membretado con las iniciales AGPRyC, “que son las de la firma Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá”.
Esto, desde su punto de vista, confirma que detrás de la denuncia en su contra está Alejandro Robledo Carretero, integrante de este despacho, quien hace muchos años trabajó en una subprocuraduría de Justicia del Distrito Federal a cargo de su socio Víctor Carrancá, y tuvo como subalterno al actual vicefiscal del Estado de México, Germán García Beltrán.
“Tengo elementos de prueba para acreditar que esto fue armado por Robledo Carretero dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde fue subsecretario hasta agosto o septiembre del año pasado”, manifestó.
Díez Gargari adelantó, de igual manera, que denunciará a Robledo Carretero ante la Secretaría de la Función Pública porque la ley le prohíbe litigar sobre temas que estaban bajo su control como funcionario público.
“En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana conocía sobre el acto de recuperación, e hizo que se contratara a su despacho, con lo que viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos porque se está beneficiando de un cargo para que se le contrate”, señaló.