La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Legislatura mexiquense aprobó la obligatoriedad de los poderes públicos del estado, los municipios y demás entes públicos descentralizados y autónomos para que integren de forma paulatina a su plantilla laboral a personas con discapacidad en al menos 5% de los espacios.
Con la aprobación de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de México, promovida por la morenista Alicia Mercado, presidenta de la citada comisión, y enriquecida con propuestas del panista José Antonio García, se mandata la creación del Sistema Estatal para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad y el Instituto Mexiquense para la Discapacidad. El nuevo ordenamiento tiene por finalidad promover, proteger y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de las personas en situación de discapacidad, en un marco de respeto, igualdad, dignidad, perspectiva de género y equiparación de oportunidades para su plena inclusión y desarrollo.
Mercado Moreno explicó que este nuevo ordenamiento, enriquecido con las aportaciones de autoridades, ciudadanía, expertos en la materia y los grupos parlamentarios, modifica el concepto de personas discapacitadas por personas en situación de discapacidad y establece un lenguaje incluyente y no discriminatorio.
El dictamen aprobado señala que el Sistema Estatal para la Inclusión de las Personas en Situación de Discapacidad deberá coordinar y dar seguimiento a los programas, acciones y mecanismos interinstitucionales públicos y privados que permitan la ejecución de las políticas públicas para la inclusión de las personas en situación de discapacidad.
Al Instituto Mexiquense para la Discapacidad le corresponderá proponer y aprobar, con las autoridades del Estado de México, acciones dirigidas a mejorar la condición social de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de su desarrollo y las necesarias para el cumplimiento de la ley. Además, deberá implementar los mecanismos para detectar y evaluar la condición de discapacidad en la entidad, mediante un Registro Estatal de Discapacidad, que se llevará a cabo a través de una plataforma digital que contará con los requisitos mínimos de accesibilidad.
La Secretaría de Salud, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y los sistemas DIF municipales coadyuvarán con el llenado y depuración del registro, para que la actualización de datos sea automática. El Instituto y el DIFEM, por conducto de los sistemas municipales DIF, otorgarán gratuitamente calcomanías distintivas que deberán fijarse en el parabrisas y medallón de los vehículos en que viajen personas en situación de discapacidad y llevarán un registro y control de las que otorguen.
Durante la discusión, la priísta Lilia Urbina confió en que la ley siente las bases para construir una sociedad incluyente en la que las prerrogativas para este grupo poblacional sean una prioridad. La perredista Claudia González afirmó que la norma es un paso significativo en favor de este sector. La morenista Beatriz García indicó que fortalece la dignidad de las personas en situación de discapacidad. El panista José Antonio García mencionó que abre oportunidades en todos los ámbitos para este sector, especialmente el laboral y educativo. Y Elba Aldana, también de Morena, expuso que la norma precisa como principios rectores para la integración de políticas públicas dirigidas a este grupo, la equidad, la justicia social, el respeto a la dignidad y autonomía, incluida la libertad de toma de decisiones.