Organismos defensores de los derechos humanos en el Estado de México declararon concluida la campaña "AmnistíaQueSirva" y dieron paso a la consigna #AmnistíaQueCumpla, tras advertir que hay un largo camino por recorrer en la aplicación de la Ley en la materia aprobada la tarde de ayer por la Legislatura mexiquense.
Fabiola Vitte, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), hizo votos porque las autoridades involucradas reconozcan la grave problemática en el sistema de procuración y administración de justicia y no obstaculicen la operación de la nueva norma. La abogada consideró que la expedición de la ley reconoce la existencia de los injustamente presos por consigna o error, los testigos falsos y los errores judiciales, lo que se traduce en un mensaje poderoso para el nuevo hacer de procuración y administración de justicia. Por esta razón, confió en que el mensaje será escuchado por quienes operarán la norma, para que se abstengan de acusar falsamente, juzguen con perspectivas de género y derechos humanos, pongan por encima la verdad y no la estadística y liberen a los inocentes.
Indicó que, si bien, con la ley se podrá liberar a muchas personas, de igual manera tiene bastantes filtros; no será para todos, pues dejará fuera a cientos de personas acusadas de robo de vehículo, a casa habitación, de autopartes, a transporte público y a quienes dolosamente se les fabricaron más carpetas de investigación mientras estaban presos y se acercaban a su libertad. Son los delitos de alto impacto, destacó, los que tienen llenos los penales, “secuestro, homicidio y extorsión son los delitos preferidos para acusar a los inocentes”, manifestó.
Indicó que la Ley de Amnistía del Estado de México todavía representa muchos desafíos para los ejecutores de la norma, principalmente para los organismos defensores de derechos humanos nacionales y locales, pues la percepción mayoritaria de quienes se han acercado refiere que no recibieron ayuda, no obtuvieron respuesta o no sirvió de nada acercarse; por lo tanto, están obligados a demostrar una verdadera autonomía, legitimidad, ser sensibles ante la dolencia de quienes se acerquen y reivindicar con acciones la figura del ombudsperson como defensor del pueblo, pues serán quienes se encarguen de revisar los casos en que se presuman violaciones al debido proceso, de las garantías individuales y presunción de falsa culpabilidad.
Mientras tanto, prosiguió, el Poder Judicial y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) deben respetar y garantizar la amnistía, aceptar las recomendaciones de las ombudspersons, no representar un obstáculo que revictimice a las familias de presos inocentes y a las propias personas privadas de la libertad.
Destacó la necesidad de perfeccionar, en la reforma constitucional que ya se trabaja para el Estado de México, el sistema penal y la reinserción social; aclaró que la Ley de Amnistía de la entidad es una victoria para los colectivos y recordó que, a partir de su promulgación, se contará con 60 días para la capacitación de los operadores y determinar los mecanismos para instrumentarla.
Por su parte, Oscar Hernández Neri, expreso político y dirigente del colectivo Hazme Valer, indicó que habemus Ley de Amnistía, pero todavía no hay libertad. La norma aprobada, dijo, abre la puerta, pero falta su aplicación “para la bendita libertad de todos los inocentes en el Estado de México”.
Aclaró que las cárceles están llenas de inocentes y, si bien, se puede dudar de su inocencia, también debe dudarse del sistema de justicia y de los procedimientos jurídicos, pues “los abogados de oficio son mercaderes, no les importa defender a los inocentes, sino beneficiarse; a los jueces les interesa vender su firma; a los peritos no les interesa la claridad jurídica, sino ver quién les paga”.
Enfatizó que la Ley de Amnistía no perjudicará a la entidad ni a las víctimas, sino que reestablecerá el régimen de justicia plasmado en las leyes para que las cumplan los primeros que deben cumplirlas: jueces, magistrados, ministerios públicos. E hizo votos porque a quienes criminalizan a inocentes no les ocurra lo mismo.
Lady Plácido, de la plataforma Haz Valer Mi Libertad, Viridiana Molina, de Artículo 20, y María de los Ángeles, de Justicia Para Todos y Juntos por la Libertad, alertaron que su lucha continuará para garantizar que la nueva norma se aplique “hasta ver en libertad a los injustamente presos”. Destacaron la necesidad de ampliar el beneficio a los penales federales y de las otras entidades; apelaron porque no existan más carpetas fabricadas ni dilaciones, y alertaron como un gran pendiente el sistema de reinserción social. Finalmente, reconocieron el apoyo y valor de los diputados que promovieron y avalaron la norma.