Médicos del Hospital de Ginecología y Obstetricia 221 “Emilio Chuayffet” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, para que sea la autoridad federal y no la delegación estatal la que resuelva las denuncias que han entablado hasta el momento contra sus directivos por presunto hostigamiento laboral.
En mayo pasado, los médicos exigieron públicamente la destitución inmediata del director Martín Rodríguez Roldán; de Beatriz Elisa Ramírez López, subdirectora médica; Omar de la Luz López, subdirector administrativo; Fernando Martínez Salmerón, asistente de la dirección del turno de jornada acumulada; y Alejandro José Mireles Corona, titular de la jefatura de gestión médica delegación poniente, a quienes acusan de abuso de poder, acoso laboral, discriminación de género, manipulación y falsificación de documentos (expedientes clínicos), daño psicológico, pérdida del patrimonio económico y moral, difamación de honor, falso testimonio contra el gremio médico, autoritarismo y deshonestidad.
En reprimenda, los participantes en la inconformidad fueron “demeritados”, lo que afecta en sus ingresos y expediente médico, y el acoso contra ellos arreció, por lo que entablaron formalmente diversas denuncias ante Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El problema, indicaron, es que las denuncias fueron redirigidas por la SFP y la ASF a la Dirección General del IMSS, quien a su vez las turna al Órgano de Control Interno de la Delegación, y de allí las regresan al Jurídico, dependiente de José Mireles Corona, quien presuntamente protege a los directivos del Hospital 221, por lo que las conductas continúan e, incluso, se endurecen contra los médicos.
Recientemente, una decena de médicos, entre ellos cinco de los que pugnaron por la renuncia de directivos, fueron responsabilizados de la muerte de un óbito (muerte fetal intrauterina) del que fue desaparecido el certificado de defunción del expediente médico, al que no se le practicó necropsia, y del que se desapareció toda evidencia; además, fueron citados a garantía de audiencia por un comité que no está constituido legalmente, pues sus integrantes es personal de confianza y no certificado.
Entre los médicos acusados esta ocasión, destacó el abogado Alejandro Muciño, se encuentra un médico que fue galardonado con un Presea Estado de México, y una médico que para cuando ocurrieron los hechos apenas tenía 15 días de trabajo.
“Pero el expediente no contiene necropsia, y no existe evidencia ni certificado de defunción, el citatorio del área jurídica no refiere motivo de imputación; el comité no fue integrado por médicos certificados, por tanto, el dictamen tampoco fue elaborado por ellos, como refiere la norma… Y si no hay evidencia, todos los actos son nulos”, externó.
En diez años, señalaron, se ha aplicado el mismo modus operandi para acosar y perjudicar al personal que no es de su agrado; pese a ello, la mayoría de los médicos rescindidos han regresado porque demostraron su inocencia, ya que fueron culpados injustamente, sin bases, de forma falaz.
El trato para las mujeres, insistieron, es misógino y, por tanto, todavía más déspota que el que se da a los hombres.
Por esta razón, insistieron en la necesidad de que las denuncias sean investigadas, pero por las dependencias a las que fueron turnadas, pues de otra manera los actos denunciados seguirán impunes.