Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, anticipó que el objetivo principal de la Ley UAEMex será la democratización de la máxima casa de estudios, tras ingresar a las comisiones la propuesta aprobada por el Consejo Universitario.
“Un propósito central que nos parece es obligado en estos tiempos, es buscar la democratización de las prácticas al interior de la Universidad, en todos los ámbitos y con todos los actores, desde los estudiantes hasta los directivos”, destacó.
En este marco, Hernández González dejó en claro que parte fundamental de la construcción de la nueva Ley implicará escuchar a las partes interesadas con la finalidad de conciliar el punto de vista de los universitarios para modernizar el marco jurídico.
“Las comisiones tendrán que atender las dos iniciativas, incorporarán la de la Rectoría, y ya tendremos materia para el análisis, la discusión, buscando recuperar lo mejor de las dos iniciativas; la invitación es que ambos representantes participen en la discusión, el debate, los trabajos, el análisis y estudio en comisiones. Se trata de conciliar el punto de vista de los universitarios”, destacó.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena aclaró que no existen tiempos para el desahogo de esta propuesta y la promovida por el sector disidente.
De la mano de la diputada toluqueña Mónica Álvarez Nemer, prima del priista Ernesto Némer, la tarde-noche de este martes el rector Alfredo Barrera inició el cabildeo de la propuesta oficial presentada por el gobernador Alfredo del Mazo, en reunión con diputados de Morena,
Durante el encuentro, Hernández González aseguró que la Legislatura cumplirá su obligación constitucional de legislar con responsabilidad, objetividad y respeto a la comunidad universitaria.
“Nosotros no generaremos opinión de carácter particular que se pueda definir ideológicamente o políticamente, sino por la responsabilidad institucional de actualizar el marco jurídico universitario, lo que es necesario y en eso coincidimos con la UAEMéx”, ofreció.
Enfatizó que los diputados de Morena no solo respetan a la UAEMéx, sino que están convencidos de que debe garantizarse su evolución para responder de la mejor manera a las demandas de la sociedad.
Todas las deliberaciones y aportaciones, dijo, se realizarán a través de las comisiones legislativas; destacó como necesidad y reflejo de una actitud generosa para con la Universidad la inclusión de las visiones de todos los universitarios, de tal manera que con igual importancia será analizada la otra iniciativa remitida a comisiones el 4 de abril.
Por su parte, Barrera Baca reconoció apertura y responsabilidad del presidente de la Jucopo; confió en que entre ambas iniciativas hay más coincidencias que diferencias; ofreció su voluntad de trabajar de la mano con los legisladores para encontrar puntos en común que beneficien a la vida democrática de los universitarios: y explicó que la elaboración de la iniciativa oficial fue resultado de una amplia consulta universitaria.
En tanto, el diputado Adrián Galicia recordó que en 2018 la Universidad recibió 4 mil 530 millones de pesos y, en 2019 se le asignaron 5 mil 693 millones de pesos, incremento que se logró gracias a la gestión de Morena, en particular del diputado Maurilio Hernández, de tal manera que resulta clara la voluntad y civilidad política del presidente de la Jucopo para con la máxima casa de estudios.
Los diputados Max Correa y Valentín González coincidieron en que el grupo parlamentario de Morena respeta y siempre velará por la autonomía universitaria, pero aclararon que esta no implica dejar de fiscalizar los recursos que ejerce porque provienen de los ciudadanos; resaltaron que la responsabilidad de los diputados será realizar los trabajos legislativos ponderando la inclusión de los diferentes puntos de vista de la comunidad universitaria y con apego a la transparencia y rendición de cuentas, ya que la institución recibe recursos públicos de los mexicanos y los mexiquense.
La iniciativa oficial, contempla la ratificación del rector y directores de organismos académicos para 4 años más; respeto pleno a la autonomía universitaria y competencias de fiscalización para la Contraloría interna. La contrapropuesta, no incluye ratificación y sí revocación de mandato, y la designación del contralor por parte de la Legislatura, como lo establece en la actualidad el sistema estatal anticorrupción.