Después de que organizaciones protectoras cuestionaron la capacidad de los directivos del Centro de Bienestar Animal de Toluca para desempeñar el cargo por presuntos actos de maltrato, la Legislatura local pidió a los 125 ayuntamientos informar sobre los avances en la implementación de las unidades en la materia y la formación profesional de sus encargados.
A propuesta de la morenista Mónica Álvarez, al seno de la Diputación Permanente se recordó que a finales de julio de 2021 se aprobó la iniciativa que mandata la creación de las Unidades de Control y Bienestar Animal en todos los ayuntamientos mexiquenses, por lo que es necesario que los alcaldes informen si han cumplido con esta obligación.
En ese momento se otorgó un año de plazo para que los 125 municipios del Estado de México cumplan con su habilitación y la instauración “obligatoria” de sus respectivos Consejos, éstos como órgano de consulta para la prevención, acuerdos y ejecución de acciones necesarias para la atención de los asuntos relacionados con el Control y Bienestar Animal de sus respectivos municipios.
El Consejo Municipal debe integrarse por personas con experiencia en materia de cuidado animal y aquellas provenientes de organizaciones de la sociedad civil.
Las Unidades de Control y Bienestar Animal municipal, a su vez, son las encargadas de las acciones estratégicas de esterilización de caninos y felinos, la promoción de la tenencia responsable de animales de compañía, entre otras.
Estas Unidades además deben trabajar en la concientización de la población sobre la tenencia responsable de mascotas, ofrecer programas permanentes de vacunación y cuidados básicos y una solución realista a la sobrepoblación de perros y gatos en situación de calle mediante la esterilización del 10% cada año, de tal manera que en siete años se abata la problemática de manera importante.
Los diputados reconocieron que en algunos municipios no se tienen instalaciones adecuadas y el personal encargado de atender las tareas no está capacitado, ni es profesional como lo establece el Decreto 289 publicado en Gaceta de Gobierno el 17 de agosto de 2021.
También advirtieron que el control poblacional de perros y gatos en situación de calle debe ser prioritario para los gobiernos locales, pues permite reducir su presencia en vía pública y con ello también se disminuyen riesgos a la salud pública y ambiental, violencia de seres humanos hacia los animales y viceversa
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