Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura mexiquense, descartó que la autorización de deuda a los ayuntamientos sea un cheque en blanco, pues para garantizar un manejo responsable, a propuesta del grupo parlamentario de Morena, se establecieron varios “candados”.
Estas medidas, confió, garantizarán que las solicitudes de deuda a corto, mediano y largo plazos se analicen a profundidad y bajo estrictos principios de viabilidad financiera.
El legislador explicó que la propuesta original del gobernador Alfredo del Mazo fue modificada y se añadieron diversos artículos para garantizar que los 125 alcaldes que entrarán en funciones el primero de enero de 2022 tengan un comportamiento financiero responsable y no sigan endeudando a sus ayuntamientos.
El además coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que los nuevos presidentes municipales podrán contratar deuda a corto y mediano plazos, siempre y cuando cumplan tres principios fundamentales: el primero es contar con capacidad crediticia determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en los “semáforos financieros” de alertamiento.
A los municipios en “rojo” o “amarillo”, afirmó, prácticamente les será imposible acceder a un nuevo préstamo y sólo aquellos en estatus “verde” tendrán esa posibilidad.
Otro requisito es la presentación de sus proyectos, es decir, deben argumentar y detallar en que utilizarán el dinero.
Además, se someterán a esquemas de supervisión y seguimiento del Comité Técnico que la Legislatura integrará con un representante de cinco dependencias especializadas y competentes en temas financieros: la Subsecretaría de Planeación y Presupuesto, la Subsecretaría de Tesorería, la Jucopo, el Órgano Superior de Fiscalización estatal (OSFEM) y el Instituto Hacendario del Estado de México.
Este Comité tendrá la encomienda de evaluar cada solicitud; para reestructuración o refinanciamiento de deuda, se autorizará siempre y cuando se cumplan los requisitos y garanticen mejores condiciones de pago
En tanto, la inversión pública productiva se debe traducir en obras de suministro de agua potable, alcantarillado, electrificación, letrinas, infraestructura básica social y educativa, entre otras.
En este sentido, insistió en que la decisión no tiene por objeto facilitar el camino para que algunas o algunos alcaldes accedan a financiamiento para solucionar sus problemas de corto plazo, sino fortalecer e impulsar a aquellos que tengan un comportamiento financiero responsable y lo puedan demostrar con el incremento de su recaudación de impuestos, eficiencia en el ejercicio del gasto, entre otros.
Los dictámenes aprobados por comisiones, con la ausencia del Partido Acción Nacional (PAN), especifican que en el caso de los préstamos de largo plazo que pueden ascender globalmente a 5 mil 500 millones de pesos, estos podrán tener 15 años como periodo máximo de pago y ofrecerán en garantía de pago 30% de las participaciones del programa Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM).
Mientras, para acceder a los créditos de corto plazo (multianual) por hasta 3 mil 400 millones de forma global, se dejará en “garantía” y/o afectación de fuente de pago 25% de las participaciones del programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).