La Legislatura mexiquense avaló la promoción de una iniciativa ante el Senado de la República para elevar a rango constitucional los derechos de la naturaleza -de tal manera que queden al mismo nivel de los derechos humanos-, dotar de ejidos a los campesinos jóvenes, y garantizar indemnizaciones justas a ejidatarios y comunidades por expropiaciones y afectaciones sin decreto, entre otros planteamientos.
La iniciativa promovida por el morenista Max Correa, además dirigente de la Central Campesina Cardenista (CCC), plantea reformar los artículos 1, 2, 3, 4, y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, retrotrae el principio de reparto de la tierra al sentido y texto original de la Constitución de 1917, y establece el derecho de audiencia y justa indemnización a ejidatarios y comunidades ante expropiaciones y afectaciones sin decreto.
Con ella, los campesinos podrán acceder nuevamente a las tierras, tendrán garantía constitucional sobre su propiedad y podrán basarse en ejes de productividad, comercialización y desarrollo social democrático con reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra y la protección de los recursos naturales.
“Con este sustento constitucional se favorece la creación de un Banco de Tierras que permita reiniciar su reparto a los jornaleros campesinos que tuvieron instaurados expedientes de dotación hasta antes de la reforma de 1992, preferentemente a jornaleros agrícolas y campesinos sin tierra, y se crean nuevos ejidos para los millones de jóvenes jornaleros que trabajan el campo en un clima de pobreza, miseria y explotación”, dijo.
Con ello, se pretende el rescate del campo para lograr la autosuficiencia alimentaria y apoyar de manera directa, con subsidios y sin intermediarios, a los pequeños productores nacionales para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos.