La Legislatura local aprobó por unanimidad la Ley de los Cuerpos de Bomberos del Estado de México, la cual obliga a los 125 municipios mexiquenses a crear una partida que no podrá ser inferior al 0.01% de su presupuesto anual para atender las necesidades de infraestructura de estas corporaciones, y si bien mantiene la figura del bombero voluntario, también obliga a que estos sean los primeros considerados para ocupar cualquier vacante.
Además, faculta a las autoridades municipales para sancionar a quienes realicen llamadas de falsa alarma.
La iniciativa fue promovida por el morenista Max Correa Hernández, quien hasta hace unas semanas se desempeñó como presidente de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Legislatura, debido a que el Estado de México carecía de las bases mínimas para la conformación de los cuerpos de bomberos, lo que es una situación grave cuando se tienen 17 millones de habitantes y, por su ubicación geográfica, la población está expuesta a muchos riesgos, externó.
A partir de los cambios, los ayuntamientos deben crear una partida, que no podrá ser inferior a 0.01% de su presupuesto anual, para atender las necesidades de infraestructura de sus corporaciones, brindar apoyos y facilidades para que los bomberos estudien, y deberán proporcionarles cada dos años equipo de protección personal, un uniforme cada año, atención médica inmediata, becas y defensa jurídica gratuita.
Los municipios también estarán obligados a proporcionar capacitación a los bomberos voluntarios, y respetarán su derecho como candidatos a obtener una plaza de bombero, en razón de su experiencia.
La propuesta original contemplaba la desaparición de la figura del bombero voluntario para que todos recibieran un salario, debido al riesgo de la actividad, y acceso a la seguridad social. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se opuso, arguyendo falta de claridad en esta figura, y las negociaciones dieron como resultado la redacción citada.
La ley también contempla la creación de una academia de bomberos con capital humano especializado, y la creación de patronatos de bomberos, que serán integrados con subsidios, fondos y donaciones de los tres niveles de gobierno, y de personas físicas, jurídico-colectivas y organismos públicos o privados.
De igual manera, establece que los ayuntamientos podrán sancionar a quienes realicen falsas llamadas de auxilio a los cuerpos de bomberos, independientemente del delito en el que incurran.
Correa Hernández precisó que el propósito del nuevo marco jurídico es establecer los principios, bases, procedimientos, organización y funcionamiento de los bomberos en la entidad para dignificar su labor con el derecho de recibir un salario digno, estímulos, prestaciones complementarias, seguro de vida para su familia en caso de muerte o de la pérdida de algún órgano, servicio profesional de carrera e incorporación al sistema de seguridad social sin distinción, entre otras prestaciones.
“Con esta nueva ley reconocemos públicamente la labor histórica que han desempeñado en el Estado de México y en cada uno de sus municipios, porque han tenido que enfrentar graves siniestros en complejas y difíciles condiciones económicas y tecnológicas, poniendo en riesgo su integridad y su propia vida… Es evidente que parte de la complejidad en el ejercicio de su tarea tiene que ver con la falta de un basamento jurídico que les permita cumplir de manera organizada y funcional con su trascendente servicio público, por eso era indispensable favorecer la construcción de un marco legal que les provea de certeza y certidumbre en su actuación, y que obligue a los gobiernos a proporcionarles las condiciones para realizar su trabajo”, añadió el morenista.