La Legislatura local inició en comisiones el análisis de la iniciativa de reforma a la Constitución mexiquense para declarar el agua como patrimonio social, natural y cultural, al que toda persona tiene derecho como líquido vital, inherente al ser humano como recurso proveedor de vida.
El perredista Omar Ortega sostuvo que la escasez y desabasto del líquido, con escenarios tan catastróficos como en el estado de Nuevo León, demandan acciones urgentes sobre todo en el Valle de México y en el sur de la entidad.
El coordinador parlamentario del PRD recordó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) registró hace 30 años una disponibilidad aproximada de 18 mil metros cúbicos de agua por persona y actualmente se estima que esa cifra se redujo a 3 mil 500 metros cúbicos.
Lamentó que intereses particulares se sobrepongan al interés colectivo y que corporativos e industrias acaparen el líquido como una mercancía, pues mientras en 2021 una pipa de agua costaba mil 79 pesos, una concesión para una refresquera ascendía a 2 mil 600 pesos por año.
Reconoció avances legislativos al penalizar a quienes impidan el suministro o realicen huachicoleo de agua y llamó a respaldar la reforma constitucional propuesta por su grupo parlamentario que también busca establecer como obligación de las autoridades que el agua sea accesible, suficiente, asequible y de calidad para todas y todos sin distinción alguna.
En este entendido, dispone que el Estado de México asegure el cumplimiento de este derecho y garantice la justicia hídrica, entendida como la capacidad del Estado para proteger las aguas no potables y las potables para el uso humano, además de garantizar la restauración de los daños producidos al líquido y a la infraestructura que lo transporta.
En favor de la justicia hídrica, indicó, también se plantea generar las condiciones para combatir los vicios que aquejan a este derecho, cimentar las bases para futuras reformas y la generación de políticas públicas que ayuden a prevenir una futura sequía
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