La iniciativa de Ley Orgánica del Poder Judicial estatal promovida por su presidente, Ricardo Sodi, fue aprobada por unanimidad en comisiones, donde el morenista Ariel Juárez, presidente de la Comisión Especial del Sistema Penitenciario, advirtió que las cárceles mexiquenses están llenas de inocentes y pobres.
Aunque habían solicitado tiempo para realizar un análisis más de fondo y no avalar la iniciativa “al vapor”, los diputados de Morena también votaron en favor de la propuesta, pues consideran que contribuirá a erradicar la corrupción, impulsará la transparencia y garantizará procesos eficientes al interior de todas las áreas operativas del Poder Judicial del Estado de México.
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A la sesión de dictamen acudió Sodi Cuellar, por lo que los morenistas Ariel Juárez, Beatriz García y Max Correa aprovecharon para advertir que urgen cambios profundos al interior de las estructuras del aparato judicial.
Juárez Rodríguez reconoció la disposición del Poder Judicial para sumar todas sus propuestas al proyecto de Ley, pero recordó que la justicia solo es para los privilegiados que gozan de solvencia económica y pueden pagar abogados privados.
Recordó que en estos momentos hay miles de mujeres y hombres mexiquenses privados de su libertad injustamente, entre otros factores, por su precaria situación económica y porque son asistidos, jurídicamente, por abogados particulares sin escrúpulos que no sólo los hacen perder su libertad, sino también su patrimonio.
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“Hay persona que tienen miles de pesos para defenderse (de una acusación) y hay aquellos que no tienen para comer y están encarcelados”, destacó.
Subrayó que el Gobierno del Estado de México tiene la obligación de otorgar los instrumentos para que las personas se defiendan de manera eficaz y evitar que la pobreza se convierta en su principal obstáculo para obtener justicia.
Pero como eso no ocurre, adelantó que en las próximas semanas presentará una iniciativa para trasladar el Instituto de la Defensoría de Oficio al Poder Judicial, a fin de que los abogados de oficio cuenten, entre otros beneficios, con altos estándares de profesionalización y remuneraciones similares a las de ese Poder.
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En tanto, su compañero Max Correa indicó que estará muy pendiente de la creación, la consulta con los pueblos originarios para integrarla y el funcionamiento de la Sala de Asuntos Indígenas.
Los jueces y magistrados, expuso, deben empezar por reconocer la necesidad de mantener una profunda empatía con lo diferente, con los indígenas, porque no sólo se trata de tener traductores para atender los asuntos, sino del trato que se les otorga.
La también morenista Beatriz García indicó que este Poder debe inspirar confianza y seguridad jurídica pero no es así, porque se registran muchos actos de corrupción, violación a derechos humanos, no acceso a la justicia y escenarios que asemejan a un elefante reumático que no se quiere mover.
Consideró que el fortalecimiento de la carrera judicial planteada es positivo, pues abona a que a los cargos claves se designen por méritos y de forma trasparente, lo que evitará la llegada de personas recomendadas y nepotismo.
Como diputada asociada, propuso sancionar a los actuarios que abusan de su posición y solicitan dádivas a la persona a la que otorgan servicio. “Es bien conocida la práctica de dar dinero a los actuarios para que practiquen notificaciones personales a las partes, embargos u otras diligencias que se ordenan en el expediente. Es una práctica tan normalizada que no tiene sanción ni repercusiones para quienes aceptan o reciben y para quienes ofrecen u otorgan”, lamentó.
Aclaró que los actuarios reciben sueldo y no deben pedir dinero o beneficios en especie, por lo que, si en verdad se quiere erradicar la corrupción, se debe establecer una sanción ejemplar. Esta propuesta fue rechazada por Ricardo Sodi quien arguyó que su iniciativa ya contempla sanción penal para estas conductas.
Se prevé que la iniciativa sea aprobada el martes próximo en el pleno.