La Legislatura mexiquense exhortó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que inicie una carpeta de investigación en contra del ex procurador Jesús Murillo Karam por presuntos delitos cometidos contra la administración de justicia, configurados durante las indagatorias por la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El morenista Tanech Sánchez, promotor del punto de acuerdo, indicó que diversos reportes sustentan que los estudiantes fueron atacados el 26 y 27 de septiembre de 2014 por presuntos integrantes del crimen organizado, con apoyo de las policías Municipal de Iguala, del Estado de Guerrero y Federal, y con pleno conocimiento y monitoreo del Batallón de Iguala, así como los mecanismos de inteligencia del Gobierno Federal.
En los hechos resultaron diversos lesionados, hubo muchos detenidos, fallecieron seis personas (tres normalistas, dos jugadores del equipo de fútbol Los Avispones y una mujer que viajaba en un taxi), y desaparecieron de manera forzosa a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW), entre otros organismos internacionales, recordó, expresaron su rechazo y preocupación por lo ocurrido y exigieron al Gobierno de México llegar a la verdad, impartir justicia, condenar a los culpables y apoyar a las víctimas.
Sánchez Ángeles recordó que el Equipo Argentino de Antropología Forense y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) coincidieron en la imposibilidad de probar que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, como aseguró Murillo Karam.
El GIEI además concluyó que las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) no consideraron un quinto autobús ni el video de la diligencia realizada por Tomás Zerón en el Río San Juan.
Además, dijo, “de las constancias que obran en las averiguaciones previas se desprende que la PGR ha recurrido sistemáticamente a golpes y torturas para incriminar a los presuntos responsables de la desaparición”.
Bajo confesiones obtenidas mediante la tortura, señaló, la PGR construyó la “verdad histórica”, con lo que además negó a familiares de las víctimas el acceso a la justicia y encubrió a los verdaderos responsables para salir del paso ante el problema político e internacional que se gestó a partir del reclamo de justicia del pueblo mexicano.
Adicionalmente, lamentó, ninguno de los casi cien detenidos se encuentra acusado del delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada, secuestro, homicidio, entre otros tipos penales.
“La actuación irregular y abierta manipulación de la investigación para cerrar apresuradamente el caso, a cargo del Estado Mexicano en la administración de Enrique Peña Nieto, ha quedado acreditada”, sostuvo.
El creciente reclamo popular, expuso, es que se castigue no sólo a los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, sino a quienes participaron en el engaño para dar carpetazo a uno de los crímenes más dolorosos del país.
Aunque el exhorto fue avalado por unanimidad, la panista Ingrid Krasopani advirtió que éste restringe la responsabilidad a una persona y a un delito, por lo que propuso modificarlo para que la FGR investigue a quien o quienes resulten responsables por el inadecuado manejo de las indagatorias en el caso Ayotzinapa. Este planteamiento fue desechado por mayoría de votos.