Con 53 votos a favor y 20 en contra, la Legislatura mexiquense aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, lo que para Movimiento Ciudadano (MC) se traduce en que el Estado de México avaló su “Ley Atenco”, criticada en otro momento por el Grupo Texcoco, a quien señaló como corresponsable de la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.
“La historia hoy los ha puesto en su lugar, lo que hoy se aprueba es su Ley Atenco”,* señaló, luego de plantear que la historia se repite: “Atenco se originó por el desalojo de un grupo de comerciantes de la plaza pública de Texcoco, y quien solicitó el desalojo es el grupo que hoy gobierna el Estado de México”, acusó.
Al procesar las modificaciones, en su calidad de integrantes del Constituyente Permanente, Omar Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), lamentó que las sesiones exprés en el Congreso de la Unión se han vuelto costumbre, y que con esta reforma la política de seguridad ncional será casi similar a los regímenes militares.
“La militarización de la seguridad pública es tan sólo el último paso a un gobierno autoritario... lo poco que se discutió de esta propuesta está lejos de ser una estrategia de seguridad pública pensada, articulada, para solucionar los problemas de inseguridad”, manifestó.
Alertó que los cambios buscan dar más poder a una institución acusada de negligente y de violar los derechos humanos con prácticas como la tortura y desaparición forzada, pues en adelante la Guardia Nacional podrá investigar delitos, su personal tendrá origen militar con formación policial y estará adscrita a la Sedena.
“No fortalece los cuerpos policiacos, consolida que el poder militar participe de la seguridad, concentra el poder en la institución castrense; no abona al combate a la impunidad y la injusticia”, dijo.
El emecista Juan Zepeda planteó que la reforma expone a las fuerzas castrenses al repudio de los mexicanos, como si no bastaran las investigaciones que las vinculan a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la ejecución de 22 personas hace diez años en Tlatlaya, o con grupos criminales como Los Zetas.
“A eso estamos exponiendo a los mexicanos porque la formación de los militares es el uso de la fuerza con fines letales”, dijo, tras advertir que se han cometido golpes de estado a partir de las fuerzas militares y recordar su participación en acontecimientos como la represión estudiantil del 68.
El panista Anuar Azar consideró que, erróneamente, el otrora presidente Felipe Calderón envió militares a Michoacán y a 20 años esa decisión sigue siendo un fracaso.
Planteó que en 75% de los países más seguros, son mandos civiles los que se encargan de la vigilancia. Y cuestionó qué ocurrió para que cambiaran de opinión quienes en otro momento impugnaron la Ley de Seguridad Interior que hablaba de la militarización de las tareas de vigilancia.
La seguridad pública, consideró, debe tener una estrategia municipal, por eso es necesario que regrese el Fortaseg, que haya recursos para capacitar y equipar a las Policías Municipales, mayor presupuesto, que los policías tengan mejores ingresos, seguro de vida y becas para sus hijos, a fin de combatir la corrupción interior, lo que bien podría ponerse en marcha porque la mayoría de alcaldes electos son de Morena.
El Ejército, prosiguió, no puede ser primer respondiente en una asignatura tan importante y delicada.
El priista Eduardo Zarzoza recordó que, en 2017, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, se pronunció en contra de la militarización de la Seguridad Pública porque decía que el Ejército no respetaba los derechos humanos, para lo que presentó el video de aquellas declaraciones. *“Hoy queda claro que no ha funcionado la estrategia de Abrazos, no balazos”*dijo.
El morenista Octavio Martínez afirmó que la reforma al artículo 13 constitucional determina que ningún civil será juzgado por tribunales especiales y la Guardia Nacional tendrá los propios, salvo que atente contra un civil; mientras el 16 establece que no se pueden alojar integrantes de la corporación en una vivienda sin el permiso del titular.
La reforma, esgrimió, les otorga facultades de investigación, pero en el ámbito de su competencia, para coadyuvar con los tres órdenes de gobierno en una más eficaz estrategia de seguridad, y puntualiza la profesionalización de sus elementos y el carácter estrictamente civil de quien esté al frente, así como el impedimento de éste para aspirar a la Presidencia.
También dispone que el presidente proponga al titular de la Guardia Nacional; impide que integrantes de la corporación aspiren a ser diputados federales, a menos que renuncien 90 días antes; determina que la Guardia Nacional se rija sobre sus normas, y que todos sus integrantes atiendan a la Constitución y leyes que los regulan.
Acusó que el emecista Juan Zepeda propuso la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, en su momento conocida como Ley Atenco o Ley Eruviel –porque fue promovida durante ese sexenio- porque facilitaba la incursión policiaca en manifestaciones o viviendas, y justificó la necesidad de la reforma con casos como el de Genaro García Luna.
Por alusiones personales, Zepeda Hernández recriminó que tener fuero parlamentario no implica tener fuero para difamar y mentir. Recordó que hace 9 años, cuando también fue legislador local, el gobernador en turno propuso la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública y fue el dirigente de la expresión perredista a la que pertenecía Martínez Vargas quien presidía la Comisión de Seguridad Pública que aprobó en comisiones el dictamen. “No voté a favor”, afirmó.
El civil titular de la Guardia Nacional, planteó, obedecerá órdenes militares, porque ahora la seguridad pública tendrá mando militar. “No se puede justificar la atrocidad que hoy se está proponiendo con argumentos maniqueos y falsas verdades”, abundó.