La Legislatura del Estado de México tipificó el bullying como una forma de violencia, y determinó como obligación de la Secretaría de Educación Estatal la atención de estos casos, y de las autoridades de cada institución educativa la elaboración de informes trimestrales para identificar y atender estas conductas.
A partir de una iniciativa promovida por la priista Paola Jiménez y enriquecida con propuestas de las demás bancadas, por unanimidad se reformó la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar y, en lo sucesivo, por acoso escolar se entenderá cualquier forma de actividad violenta dentro del entorno escolar.
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En esta conducta se incluyen el abuso verbal, físico y digital, que atenta contra la dignidad de integrantes de la comunidad educativa, generando repercusiones físicas, emocionales, morales y sociales.
Con los cambios, las autoridades educativas estatales estarán obligadas a elaborar y expedir protocolos de prevención y atención, que serán revisados y actualizados de forma anual para garantizar su operatividad.
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Además, la Secretaría de Educación estatal deberá aplicar una encuesta semestral entre la comunidad educativa para identificar las instituciones de mayor incidencia e instrumentar acciones de atención.
Las instituciones educativas, por su parte, cada 3 meses deberán turnar a la Secretaría un informe sobre los casos de acoso detectados, causas y acciones, sustentados con las copias de reportes y oficios correspondientes. El incumplimiento de esta obligación deberá informarse al órgano interno de control.
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Será la Secretaría la autoridad encargada de determinar a qué instancia pública o privada canaliza cada caso para su atención.
Las modificaciones, que tipifican como bullying también el acoso por plataformas electrónicas y redes sociales, tendrán vigencia plena a partir del ciclo escolar 2024.