Las mujeres son más vulnerables al ser privadas de su libertad, pues algunas están acompañadas de sus hijos y a su salida son estigmatizadas por la sociedad, lo que dificulta su incorporación a la vida laboral y social, señaló la coordinadora general del Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social, Ángela Guerrero Alcántara, quien enfatizó la importancia de impartir justicia con perspectiva de género que facilite su reinserción social.
Al participar en las “Charlas feministas”, actividad virtual de la Coordinación Institucional de Equidad de Género (CIEG) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la ponente destacó que de acuerdo con datos oficiales se reporta que el 54.6 por ciento de las mujeres mexicanas recluidas en centros penitenciarios tienen entre 18 y 40 años de edad, de este grupo, más del 60 por ciento tiene al menos un dependiente económico.
Mediante la conferencia “Acceso a la justicia y reinserción social para las mujeres. Una agenda pendiente”, Guerrero Alcántara indicó que tras cumplir su sentencia, debería ofrecerse oportunidades a las mujeres en lugares inclusivos donde se sientan seguras pero también donde puedan adquirir capacidad e independencia económica, pues su contexto habitual es de pobreza y violencia.
Enfatizó que las mujeres encarceladas provienen de un contexto problemático con altos niveles de desigualdad y pobreza, que en algunos casos fueron dichas condiciones las que propiciaron su detención en centros penitenciarios y que muchas de ellas están en riesgo de volver a ese entorno.
La ponente invitada de la UAEM, indicó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) de INEGI señala que en México hay 12 mil 342 mujeres privadas de la libertad, 33 por ciento de ellas fueron recluidas sin una orden de detención, mientras que el 76.3 por ciento sufrió algún tipo de violencia cometida por autoridades al momento del arresto.
En ese sentido, Guerrero Alcántara afirmó que a diferencia de los hombres, las mujeres padecen más violaciones a sus derechos humanos en el momento de la detención y al menos el 50 por ciento de ellas aún no reciben una sentencia, por lo que algunas llevan años privadas de la libertad sin llevar un proceso judicial adecuado.
En cuanto a los delitos del fuero federal por las que fueron detenidas, 3 de cada 10 mujeres están relacionadas a delitos contra la salud, 26 por ciento en materia de armas, 10 por ciento narcomenudeo y 9 por ciento secuestro; en el caso del fuero común, el 30 por ciento de ellas son privadas de la libertad por presunto robo.