Vanessa, integrante del pueblo originario Mazahua de Santa Juanita el Depósito, del municipio de San José del Rincón, logró su inscripción en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, luego de que el Segundo Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), Juan Antonio Laredo, atestiguó el cumplimiento del primer punto de la Recomendación 1/2024 emitida a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMÉX).
La subdirectora Académica de dicha facultad, Anaid Pérez Monteagudo, hizo el trámite correspondiente ante el Departamento de Control Escolar para que Vanessa se presente a clases del ciclo escolar 2024-2025 a partir de esta semana y ofreció el apoyo administrativo necesario.
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La Casa de la Dignidad y las Libertades llevó a cabo una investigación por medio del expediente CODHEM/ACE/APO/ 08-2024 en la que advirtió que, en la selección para ingreso, la UAEMÉX no considera a las personas indígenas y sus contextos, características y diferencias de crianza, cultura, identidad, alcance de bienes y servicios, entre otros aspectos que impiden que compitan en las mismas condiciones.
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En la Recomendación emitida el 19 de junio de este año se precisa que se afectaron los derechos de la joven mazahua al trato diferenciado y preferente, así como a la educación superior, a pesar de su trayectoria a favor de los derechos culturales y lingüísticos de la comunidad mazahua, de ser galardonada con el Premio Estatal de la Juventud en 2021 en la Categoría Labor Indígena y la Presea a la Juventud en su municipio.
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La CODHEM pidió valorar la inclusión de la joven a través de un cupo en la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública, el cual ya se cumplió y solicita a la Universidad establecer un Modelo de Selegcción Incluyente para el ingreso y selección de estudiantes desde una perspectiva intercultural, que considere la inclusión de personas indígenas como grupo en situación de vulnerabilidad, que inicie desde su selección e ingreso y de manera progresiva pueda considerar criterios para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad, a través de mecanismos pertinentes.
Con dicha recomendación se deja un precedente de la no discriminación en la educación, al considerar que datos del INEGI señalan que al nivel superior accede solo 8.1% de las y los jóvenes indígenas en comparación con el 21.7% de las personas no indígenas.