Tras advertir que los índices delictivos no disminuyen en el Estado de México, la Legislatura local aprobó por unanimidad solicitar un informe a la secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, para que exponga las razones por las que han fallado sus estrategias, en detrimento de la economía, paz y bienestar de los mexiquenses.
El punto de acuerdo promovido por la diputada morenista María de Jesús Galicia Ramos fue aprobado por urgente y obvia resolución, tras considerar que el gobierno mexiquense no garantiza la paz y seguridad de la población, al punto de que las familias mexiquenses invierten sus ingresos para protegerse de la inseguridad y los costos económicos de la violencia son considerables.
En 2018, recordó, el gasto per cápita para protegerse de la violencia fue de 29 mil 761 pesos y el impacto de la violencia en la economía ascendió a 636 millones de pesos.
El Estado de México, expuso, tiene una tasa de prevalencia delictiva de 41.4 por ciento, y se encuentra en lugar 15 de los estados menos pacíficos.
Galicia Ramos destacó que la clase media mexiquense no tiene acceso a guaruras, camionetas blindadas, ni casas con cámaras de seguridad, mientras las autoridades han fallado en dar protección a las familias.
“Nos gustaría saber qué hace el Gobierno del Estado para lograr reinsertar a la población que ha sido afectada por la violencia, para que retome sus actividades diarias, y el ingreso que perciben por concepto de su trabajo sea suficiente para satisfacer sus necesidades básicas”, indicó.
El exhorto plantea a la titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal informe a la brevedad sobre las acciones emprendidas para garantizar la paz y seguridad de las y los mexiquenses.