El senador Higinio Martínez Miranda pidió a los integrantes de la nueva Legislatura local dar continuidad a la reforma integral a la Constitución mexiquense e incluir la posibilidad de desaparecer el Instituto de Transparencia (Infoem), diversos órganos del Sistema Estatal Anticorrupción y reestructurar el Tribunal de Justicia Administrativa porque no han arrojado resultados.
Planteó también eliminar instituciones municipales como los organismos de agua potable, a fin de construir una política de austeridad del gasto público que encamine los recursos a la atención de las necesidades de los mexiquenses.
El morenista expuso que el Infoem representa un gasto millonario, los comisionados tienen remuneraciones superiores a las de los diputados y senadores, cercanas a las del presidente de la República, y no ha demostrado servir para los fines para los que fue creado.
La tarea que este organismo realiza, desde su punto de vista, bien puede ser atraída por un área interna del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM).
En situación parecida, dijo, se encuentra el Sistema Anticorrupción, que tampoco ha demostrado la disminución de los índices de corrupción en el Estado de México, líder nacional en este fenómeno.
“El Sistema Estatal Anticorrupción de verdad no veo que funcione para nada, hay funcionarios que ganan sueldos muy importantes y yo no veo reflejado que la corrupción se vaya disminuyendo”, expuso.
Por el contrario, propuso la creación del Tribunal de Cuentas que englobe todos los aparatos administrativos de control que sólo generan burocracia, como la Contraloría del Poder Legislativo que vigila a los ayuntamientos cuando sólo debería hacerlo con los diputados.
Sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, recordó que desde hace aproximadamente un año hay ocho vacantes, y se encuentra acéfalo desde hace algunos días, lo que deja en claro que “funciona” sin el total de magistrados, por lo que debe analizarse la posibilidad de reducirlo.
“Hay que evaluar si aún se requiere ocupar esos espacios pues han funcionado así casi por año”, indicó.
Como parte de una política de austeridad, para Martínez Miranda es indispensable acabar con los altos costos burocráticos en algunas instancias que parecen ociosas o duplican funciones, también desde los municipios, donde planteó la desaparición de los organismos de agua potable que generan gastos excesivos, valorar la permanencia de los institutos del deporte y de los Sistemas DIF, pues cada uno de estos entes dispone de director, tesorero, contralor y personal administrativo, costeados con recursos del ayuntamiento y, al final, quien decide las acciones son los presidentes municipales.
“Ahorrándonos todo el dinero que se pueda, combatiendo la corrupción y con austeridad, con estas medidas vamos a poder atender de mejor manera estas necesidades que se tienen que atacar del problema de delincuencia, de inseguridad con mayores recursos.
“Diseñar un programa de transporte masivo que sirva a la población, principalmente del valle de México, y atender o tener mayor confianza del sector privado y que se genere la inversión necesaria para la fuente de trabajo”, indicó.
Todos estos temas, desde su punto de vista, deben ser considerados para una reforma integral de la Constitución local, por lo que aprovechó para pedir a los próximos diputados que den continuidad a esta propuesta en que la sociedad ha mostrado gran interés y participación a través del Parlamento Abierto, conscientes de que el actual régimen es caduco y se encuentra agotado.
“Mi planteamiento es pedirles, que no aceleren, pero que continúen los trabajos en materia de reforma constitucional, porque ahí podemos contemplar varios cambios que se requieren, pero primero necesitamos esa Constitución modificada para que se desprendan los cambios en las leyes respectivas… Tocará a los diputados recoger el trabajo que se está haciendo para que se plasme en los cambios que requiere la Constitución. Le toca a la nueva Legislatura dar continuidad”, manifestó.
En tanto, Maurilio Hernández, quien será el coordinador parlamentario de Morena también para la 61 Legislatura, consideró necesario dar “viabilidad a una nueva forma de organización social. Necesitamos generar ese marco constitucional y legal porque esto fue diseñado para sostener un régimen que ha demostrado que ha caducado, que está agotado y se tiene que cambiar”, apuntó.