Durante 2023, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) realizó observaciones (derivadas de supuestos incumplimientos o anomalías en el manejo de los recursos públicos) que en conjunto representaron 61 mil 500 millones de pesos, de los cuales 56 mil millones son de carácter estatal, y 5 mil 530 millones corresponden al ámbito municipal.
Entre los principales hallazgos, Miroslava Carrillo, auditora superior del Estado de México, destacó que persistieron las anomalías en el programa emblema del exgobernador Alfredo del Mazo, Salario Rosa; y a nivel ayuntamientos, la falta de operación de los organismos autónomos municipales.
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Tras entregar el informe de Cuenta Pública 2023 a la Comisión de Vigilancia del OSFEM de la Legislatura local para su análisis, Carrillo Martínez recordó que durante 2023, nueve meses aún gobernó el expriista Alfredo del Mazo, y el resto del año la morenista Delfina Gómez.
Indicó que, en materia de desarrollo social, la muestra de fiscalización contempló alrededor de 47 programas sociales, algunos ejecutados por la Secretaría del Campo, otros por la de Desarrollo Social (hoy Bienestar), unos más por Turismo, Economía, o por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM).
Sin embargo, planteó, “como salario rosa era emblemático del gobierno anterior, ese está en tela de juicio a partir de las revisiones por falta de comprobación del gasto y procedimientos adquisitivos, entre las conductas más recurrentes”.
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En materia municipal, expuso que no se comprobaron los presupuestos asignados a 30 organismos autónomos municipales, como los Institutos Municipales del Deporte, pues siguen sin operar, pese a que cuentan con un decreto aprobado ex profeso para ello.
“Hay un incumplimiento. Es muy oneroso tenerlos y por eso prefieren mejor una dirección, pero deben aprobar en cabildo pedir a la Legislatura que se abrogue el decreto (de creación) y se desincorpore el organismo”, refirió como salida jurídica para estos casos.
En general, explicó que una de las mayores incidencias fue la falta de comprobación del gasto, y varias entidades tienen ejecutores de gasto, de manera que cada área debe comprobar, en la etapa siguiente, porque no lo hicieron vía auditoría.
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Expuso que más que los montos observados, lo importante es la conducta u omisión de las personas servidoras públicas. Hasta esta etapa de la fiscalización, refirió, las responsables son las entidades fiscalizadas, pues no es el momento oportuno para señalar a las personas servidoras públicas; para eso, indicó, hay que esperar las aclaraciones que realicen las entidades.
A partir de la notificación oficial, detalló, las entidades comparecerán ante el OSFEM, quien les informará formalmente sobre las observaciones realizadas, y tendrán 30 días para solvetarlas; luego, el OSFEM tendrá 120 días para determinar si se soventa parcialmente la observación o no se solventa, y si no existe comprobación, la presunta anomalía va al área de investigación para el eventual inicio de responsabilidades.