Maurilio Hernández González, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Legislatura local, anunció que la próxima semana la Comisión parlamentaria de Procuración y Administración de Justicia sostendrá una reunión especial con el fiscal Alejandro Gómez Sánchez para abordar la situación de violencia por la que atraviesa la entidad y, entre los temas a tratar, seguramente se pondrá sobre la mesa el del accidente en que falleció el actor Octavio Ocaña.
Este caso, destacó, no es un tema de confianza o desconfianza en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) por parte de los diputados locales, sino implica la necesidad de informar a la ciudadanía el resultado de los peritajes, apegados a la ciencia criminalística, “sobre todo por los eventos que precedieron al hecho, que hubo persecución por parte de policías de Cuautitlán Izcalli”.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena indicó que los hechos son muy dolorosos para las familias, por lo que se requiere ser cautos, pero también consideró necesario que la Fiscalía rinda a la sociedad mexiquense un informe apegado estrictamente a la objetividad y, sobre todo, a la veracidad.
Hernández González aseguró que en el Congreso local se está dando seguimiento al tema y, desde su punto de vista, sería un gran error de las autoridades no tratarlo con la verdad, porque “es muy público y porque la atención ciudadana está en cómo se resuelve”.
Lo anterior, en virtud de las aparentes contradicciones entre los videos y fotografías tomados previo al deceso ocurrido el 29 de octubre pasado, y las conclusiones de la FGJEM en el sentido de que el actor se disparó, accidentalmente, a sí mismo.
La legislación vigente faculta al Congreso local en la designación, a propuesta del gobernador en turno y con el voto de la mayoría calificada (tres cuartas partes del pleno), del titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
En mayo de 2014, Gómez Sánchez fue designado, a propuesta de Eruviel Ávila, procurador de justicia mexiquense. En diciembre de 2016, fue designado fiscal, con el voto del perredista Javier Salinas en contra, para un periodo de seis años que concluye en 2023.