La organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) consideró que Alejandro Gómez Sánchez debe renunciar como fiscal general de Justicia de la entidad por concluir, sin realizar las investigaciones correspondientes, que el actor Octavio Ocaña se disparó en la cabeza, y pidió a la Legislatura local citarlo a comparecer para que desentrañe las anomalías del caso.
Además, solicitó al Consejo de Seguridad del Estado de México discutir la conducta del funcionario mexiquense y, de ser el caso, solicitar su destitución, pues de un primer análisis de los videos y fotografías del accidente es posible considerar que el disparo que le ocasionó la muerte fue detonado por uno de los policías que perseguían el vehículo del actor, y que los agentes no aplicaron los protocolos de persecución e investigación de los delitos.
El organismo recordó que el Centro de Comando, Control, de Comunicaciones, Computo y Contacto Ciudadano (C5) habría permitido a los policías que perseguían el vehículo pedir apoyo a otros elementos y corporaciones para que, por vías alternas, lograran detenerlo sin disparar ningún arma porque circulaban otros vehículos al momento de la persecución.
Destacó que el primer respondiente que observó al joven herido de muerte, debió proporcionarle, antes que cualquier otra cosa, los primeros auxilios, pedir de inmediato la presencia de las ambulancias, en lugar de someter violentamente al acompañante del actor, como se observa en los videos.
“El primer respondiente tuvo que ordenar a los policías que lo acompañaban y a los que llegaron al auxilio, no alteraran la escena de los hechos; los policías no tenían por qué abrir las puertas de copiloto y la puerta de la parte trasera del lado que conducía el joven actor”, enfatizó PIDH.
Uno de los videos, además viralizado por redes sociales, destacó el organismo, acredita que Octavio Ocaña estaba con vida cuando los uniformados llegaron; al sentir la herida, se tocaba la cabeza y se sangraba las manos; en ningún momento se ve una pistola; por el contrario, se duele, se ve que se debilita al desangrarse por la herida del proyectil.
Pese a ello, destacó “los policías no aplicaron el Protocolo Nacional de Cadena de Custodia y existe una testimonial presencial de Fer Cano, quien señala: “La patrulla que chocó la camioneta de Octavio Ocaña impactó primero mi vehículo… Cuando hicieron que chocara, todos vimos cuando un policía le disparó al conductor. Yo me detuve para ver quién iba a pagar mi golpe, pero me dijeron con pistola en mano que me fuera a la verga”.
Para PIDH, las pruebas y la testimonial de Fer Cano destruyen la teoría del caso de la FGJEM, conforme a la que, según su titular, Alejandro Gómez Sánchez, el actor se disparó solo con la pistola en la cabeza, sin considerar que las fotos posteriores muestran un arma en la mano derecha de Octavio Ocaña, a pesar de que era surdo.
El organismo comparó la manipulación de la escena del crimen con la ejecución extrajudicial de Tlatlaya ocurrida la madrugada del 30 de junio de 2014, donde una de las sobrevivientes, Clara Gómez, narra la forma en que fue ultimada su hija de 14 años de edad, y como ella y otras dos mujeres sobrevivientes fueron retenidas en las oficinas centrales de la entonces Procuraduría mexiquense, incomunicadas varios días, maltratadas, torturadas y amenazadas incluso con ser abusadas sexualmente para que firmaran las declaraciones con la versión de los militares.
La señora declaró que la última vez que vio a su hija estaba viva y desarmada, mientras la FGJEM la presionó para declarar que la niña pertenecía a una presunta organización criminal. Un mes después, ya en libertad, su hijo le mostró las fotos del operativo, la niña aparece con un arma en la mano izquierda (era diestra) y tirada boca arriba, posición en la que jamás la vio.
“Estos casos trágicos demuestran la impunidad, los excesos y la corrupción que vivimos los mexiquenses y que es una práctica cotidiana en esta Institución”, indicó PIDH, quien consideró que desde su arribo como procurador en mayo de 2014, la gestión de Gómez Sánchez se ha caracterizado por el incremento de los actos de tortura, desapariciones forzadas, y fabricación de carpetas de investigación.