La Legislatura del Estado de México pidió al fiscal José Luis Cervantes Martínez, informes sobre las razones por las que canceló la disculpa pública para las familias de Daniela Sánchez Curiel, Nadia Muciño Márquez, Diana Velázquez Florencio y Julia Sosa Conde, víctimas de desaparición y feminicidio, y la nueva fecha, horario y lugar fijados para concretarla.
La morenista Karina Labastida, promotora del exhorto, recordó que en días pasados la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) canceló la ceremonia solemne de disculpa pública para las familias de éstas cuatro víctimas, prevista originalmente para el 16 de noviembre del 2022, en las instalaciones de la sede central de la dependencia.
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En el acto, la institución debía aceptar su responsabilidad por las violaciones cometidas a los derechos humanos de las mujeres; restablecer la dignidad de las víctimas e implementar medidas y mecanismos que garanticen la no repetición de los hechos.
Por tanto, los diputados consideraron importante además que la Fiscalía le informe el número, la calidad y estatus procesal de las investigaciones sobre feminicidios y desapariciones en la entidad, y sobre la administración de los recursos humanos, materiales y presupuestales para atender las investigaciones de los feminicidios, desapariciones y otros delitos de violencia de género.
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“La disculpa pública es un pronunciamiento público que tiene por objeto; establecer la verdad de los hechos, aceptar la responsabilidad de los mismos por parte de la autoridad, y restablecer la dignidad de las víctimas de violaciones de derechos humanos”, dijo.
Además, prosiguió, el reconocimiento obliga a implementar medidas y mecanismos que garanticen la no repetición de los hechos que originaron la violación a esos derechos para que sea el compromiso de la autoridad responsable para que no vuelvan a ocurrir.
Lo anterior, después de que Amnistía Internacional constató las deficiencias de las investigaciones de los cuatro casos que se analizaron, entre ellas la pérdida de evidencias, la incorrecta inspección del lugar de los hechos por las autoridades, y el inapropiado resguardo de las evidencias recolectadas.
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El documento también destaca que la dependencia no realiza o no lo hace a tiempo, algunas periciales o diligencias, causando la pérdida de datos, objetos o sustancias y testimonios; y falta de perspectiva de género en las investigaciones.
Además, insuficiencia en las diligencias, pues no se examinan todas las líneas de investigación posibles en cada caso y no se realizan las acciones necesarias para agotar una línea de investigación de forma exhaustiva.
Todas estas faltas, destaca Amnistía Internacional, coinciden con las ocurridas en otras investigaciones.
Por eso, indicó Labastida Sotelo, la Legislatura Mexiquense no puede ser indiferente ni cómplice de la violencia institucional que ejerció la FGJEM en contra de las cuatro víctimas y sus familiares, quienes sólo buscan verdad y justicia.