El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local presentó su propuesta de reforma judicial local que contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular, en el afán de que sea aprobada antes de que el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) elija a su presidente a inicios de enero.
Los comicios serán organizados por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en junio de 2025, para renovar la mitad de los cargos, de manera que los elegidos inicien su función en septiembre de 2025.
Además establece que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial serán respetados en su totalidad.
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La propuesta justifica que la entidad tiene 22 Centros de Readaptación Social que albergan a 34 mil internos, “muchos de ellos procesados y/o sentenciados de forma injusta” con el aval de jueces estatales, quienes les fabricaron conductas delictivas que no cometieron.
La reestructuración planteada busca, de igual manera, "desvincular la función jurisdiccional de las labores estrictamente administrativas, que abarcan el nombramiento y capacitación de jueces y magistrados, la reestructuración de los órganos jurisdiccionales, la gestión del presupuesto del Poder Judicial, y las funciones disciplinarias y sancionadoras del personal”.
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También “se propone crear mecanismos sólidos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, tráfico de influencias y los abusos dentro del Poder Judicial, promoviendo un sistema abierto al escrutinio público, con principios de transparencia y responsabilidad hacia la sociedad”.
La bancada morenista indicó que no puede haber un Tribunal de justicia “rico” con justiciables “pobres”, de manera que ningún funcionario del Poder Judicial podrá, a partir de la reforma, ganar más de los 129 mil 432 pesos mensuales que gana la presidenta Claudia Sheinbaum, pues en la actualidad algunos perciben más de 300 mil pesos mensuales y cuentan con seguro médico de gastos mayores, guardaespaldas, viáticos y pensiones extraordinarias con montos muy superiores a los que tiene derecho cualquier trabajador.
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Además, se plantea la disminución de periodos de función de las y los magistrados, al pasar de 15 a 9 años de permanencia, con opción a reelección; mientras jueces y juezas tendrán un periodo de 8 años, también con opción a reelección.
El pleno de la Sala se integrará bajo esquemas de paridad, y podrá conocer y solucionar controversias entre Poderes. También se faculta a los ciudadanos mexiquenses a presentar acciones ciudadanas, crea el Tribunal de Disciplina Judicial y fortalece la Escuela Judicial; establece el procedimiento para la integración y operación de los Comités que deberán instalar los tres Poderes para realizar las evaluaciones de las y los aspirantes, y los actuales impartidores de justicia tienen derecho a postularse para competir y ratificarse en el cargo que actualmente detentan u otro, si la sociedad mexiquense así lo determina a través de su voto libre, directo y secreto.