La Legislatura mexiquense no podrá tomar decisiones respecto de la petición del gobernador Alfredo del Mazo sobre la contratación de deuda pública por 13 500 millones de pesos para 2021, si la Secretaría de Finanzas no ha proporcionado información y detalles sobre los proyectos a lo que habrá de dirigirla, advirtieron los diputados morenistas Azucena Cisneros y Gerardo Ulloa durante la primera reunión de trabajo con funcionarios de la dependencia, con miras al análisis del Paquete Fiscal del año entrante.
Durante el encuentro, el legislador sin partido Carlos Lomán indicó que, si bien, hablar de deuda provoca escozor cuando no tiene un manejo transparente, es urgente reactivar la economía y terminar infraestructura pendiente. En tanto, Cisneros Coss, quien ya había advertido en su Segundo Informe que la contratación de la deuda no sería autorizada, dijo que en una reunión previa con legisladores de su bancada, Rodrigo Jarque, el secretario de Finanzas, se comprometió a entregar la información requerida, sin haber cumplido con la oferta hasta ahora. Ulloa Pérez coincidió, y ambos advirtieron que, sin conocer los detalles, no se podrá tomar una decisión, porque llevarían la deuda estatal a 69 mil millones de pesos, sin contar los proyectos de inversión que representan 33 mil millones más.
En respuesta, Roberto Inda González e Iván Pinto Medina, subsecretarios de Planeación y Presupuesto y de la Tesorería, respectivamente, afirmaron que a la reunión de trabajo no llevaban consigo el listado de proyectos y comprometieron que después se la harían llegar a los legisladores, pero afirmaron que la mitad de los recursos se utilizará en proyectos de inversión pública, de la mano con la federación, y el otro 50% será destinado a obras estatales: cinco mil pesos serán para la construcción del tren rápido o trolebús Chalco-Santa Martha; 1 100 millones para dos mexibuses con los que se pretende aumentar las vialidades que conectan con el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y 50% -de los recursos- para obras de movilidad y en beneficio de los mexiquenses.
Durante el encuentro, el también morenista Max Correa propuso que con el recurso que se destinaba a costear la manutención de las 1 600 personas privadas de su libertad que han obtenido su preliberación, quienes la obtengan y quienes resulten amnistiados, se costee un incentivo fiscal para las empresas que los contraten, en aras de facilitar su reinserción laboral; apeló a que se destine presupuesto para la puesta en marcha del Hospital Nuevo Valle Ceylán de Tlalnepantla; reprochó que sin pandemia, se han subejercido recursos para el campo como los destinados al programa de maíz de alta productividad, cuyos apoyos 2019 no han sido recibidos por los productores y, aún así, se pretende incrementar el gasto en esta materia, y cuestionó sobre los adeudos al ISSEMyM, fundamentalmente los sostenidos por la UAEMex.
Su correligionaria Elizabeth Millán consideró innecesario designar 147 millones de pesos a la paraestatal Reciclagua, cuando el río Lerma es uno de los más contaminados del país, y año con año aumenta esta condición. También lamentó que el recurso para la recién creada Secretaría de la Mujer sea prácticamente el mismo que cuando la dependencia se llamaba Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS).
El petista Rodolfo Solorza cuestionó sobre el estatus de los adeudos al ISSEMyM por parte de los CUSAEM. El morenista Tanech Sánchez advirtió la necesidad de destinar recursos, no sólo para concluir, equipar y poner en marcha el Nuevo Hospital Valle Ceylán, sino también el original, pues cada uno se ubica en distintos extremos del municipio y trasladarse de uno a otro implicaría a su población al menos una hora; lamentó que los recursos para la salud de la mujer pretendan disminuirse en 116 millones de pesos.
Por su parte, los funcionarios afirmaron que la UAEMex, los CUSAEM y los municipios se han puesto al corriente con los pagos al ISSEMyM. La primera, desde la firma del convenio, los segundos, hasta donde se sabe, están pagando, y los terceros han hecho un gran esfuerzo porque el pago es un requisito para acceder a recursos del FEFOM que sólo dos demarcaciones no pudieron obtener por falta de liquidez.
Aseguraron que la Secretaría de la Mujer tendrá más recursos de los que tenía cuando no lo era, pues el CEMyBS tuvo este año un presupuesto de 193 millones y para el siguiente tendrá 231 millones; el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) tuvo 10.7 millones y tendrá 10.6 el año próximo, y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas repetirá 185 millones de pesos. La Secretaría de la Mujer, indicaron, ejercerá 426.5 millones, que también se potenciarán por los ahorros con la fusión de todas estas áreas que el presente año, en conjunto, tuvieron un presupuesto de 389 millones.
Justificaron que el Estado no ha podido concluir el Hospital Nuevo Valle Ceylán porque no cuenta con registro ante la Federación y la ley impide al gobierno estatal invertir en este tipo de obras. En este caso, se requieren 210 millones de pesos para terminarlo, más un presupuesto importante para considerar servicios, seguridad, limpieza, laboratorios, equipo, etc., mientras el Valle Ceylán viejo debe ser rehabilitado por el Gobierno federal tras el convenio suscrito con el INSABI.