La Legislatura del Estado de México determinó finiquitar el Consejo de Valoración Salarial, tras varios años de existencia, de tal manera que, en lo sucesivo, sea la Comisión parlamentaria de Planeación y Gasto Público la que se encargue de emitir las recomendaciones sobre percepciones de los servidores públicos estatales y municipales.
Por unanimidad -el diputado morenista Gabriel Gutiérrez Cureño se abstuvo, pero, conforme a la ley parlamentaria, las abstenciones no cuentan como votos en contra-, los diputados aprobaron. en reunión virtual de comisiones legislativas, la desaparición de este órgano encargado de emitir opiniones sobre las remuneraciones de los servidores públicos. La iniciativa presentada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) reforma diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, la Ley Orgánica y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México.
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El proyecto detalla que la fracción II del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente. Además, la ley fundamental dispone que corresponde a las Legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente, en el que deberán señalarse las remuneraciones de los servidores públicos, sujetándose a las bases contenidas en el artículo 127.
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Por ello, el Poder Legislativo del Estado de México se pronunció por impulsar normas que regulen las dietas y sueldos que devengan los servidores públicos del Estado de México, ajustándose a criterios de responsabilidad, equidad, transparencia y moderación, que guarden relación con el cargo que se desempeña y que contribuyan a eliminar la discrecionalidad en la asignación de las remuneraciones.
La estimación sobre remuneraciones era realizada por el Consejo Consultivo de Valoración Salarial, órgano auxiliar del Poder Legislativo del Estado de México, encargado de realizar estudios y emitir opiniones sobre las percepciones de los servidores públicos de la entidad. Aunque el cargo de sus integrantes es honorífico, los diputados advirtieron que la operación del Consejo y la realización de las actividades que tiene encomendadas suponen al Congreso mexiquense erogaciones adicionales, que bien pueden abatirse si las atribuciones relativas son asumidas de manera directa por el Poder Legislativo, prescindiendo de la existencia del órgano auxiliar.
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Por eso, los integrantes de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, Vigilancia del OSFEM y Planeación y Gasto Público avalaron derogar el decreto 8 del 14 de noviembre de 2018, por el que se creó el Consejo Consultivo de Valoración Salarial. También decidieron que la Comisión legislativa de Planeación y Gasto Público tenga, en lo sucesivo, la atribución de formular opiniones y/o recomendaciones en materia de remuneraciones de los servidores públicos del Estado de México, con apoyo técnico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.
En su intervención, Gutiérrez Cureño apuntó que estas reformas deben responder a una política de austeridad en los gobiernos estatal y municipal, y no sólo a mantener organismos para cubrir requisitos.
El morenista Adrián Galicia, presidente de la Comisión de Planeación y Gasto Público, ofreció que estarán pendientes del proceso puntual sobre las recomendaciones salariales y las relativas al presupuesto de egresos.
Su correligionario Max Correa confió en que dotar de más facultades al Poder Legislativo permite generar un equilibrio de poderes e impulsar una transparencia en la administración pública estatal, ante un panorama poco alentador por el COVID-19, que requiere un gobierno austero y responsable: “El Poder Legislativo es un real contrapeso a los excesos y derroches que frecuentemente se cometen en la administración pública por parte de quienes la dirigen, que parecieran viven en otro país y no donde más de la mitad de la población vive en pobreza, pero donde los funcionarios de primer nivel pueden darse altos lujos con grandes sueldos y prestaciones muy superiores a las de un servidor público de base”, sostuvo.