Debido a que en el Estado de México se estima que siete de cada 10 mujeres privadas de la libertad sufrieron algún tipo de violencia y hasta tortura sexual durante alguna etapa de su proceso por parte de las autoridades, el diputado Camilo Murillo pidió al Poder Judicial y a la Fiscalía de Justicia tomar las medidas pertinentes para erradicar estas prácticas.
El morenista recordó que tras los hechos de San Salvador Atenco en 2006, cuando 31 mujeres fueron agredidas sexualmente por policías estatales durante un operativo, el actual Gobierno de México realizó el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra Mujeres Privadas de la Libertad en busca de generar mecanismos para atender y erradicar este fenómeno.
La investigación realizada en 2021, indicó, reveló que el Estado de México encabeza el mayor número de denuncias de tortura en contra de mujeres con 36 actas, seguido de Veracruz y Guerrero con 25 cada una; Nuevo León y Chihuahua, con 21 en cada caso.
Para elaborar el diagnóstico se entrevistó a mil 280 mujeres procesadas y sentenciadas en 66 penales de las 32 entidades del país, quienes señalaron como autoridades responsables de los actos a la policía federal en 28% de los casos, estatal en 19%, la ministerial estatal en 16%, la municipal en 13%, en 7% se señaló a elementos de la Defensa Nacional, 6% a la Secretaría de Marina, la Ministerial Federal en 5%, Guardia Nacional en 3%, personal de migración en 1% y personal penitenciario en 1%.
“De acuerdo con esta información se encontró que al menos 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual, durante las diferentes etapas del proceso, como el arresto y traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, traslado y estancia en centro de reclusión y/o la etapa de juicio”, expuso.
El legislador precisó que en la etapa de arresto y traslado, 25.62% de las mujeres consideró que fue víctima de tortura sexual, mientras 72.50% señaló que no fue agredida sexualmente; 73% manifestó haber sufrido violencia física y psicológica.
De quienes refieren haber recibido ataques físicos, 27.5% dijeron que fueron pateadas; 18%, golpeadas con objetos; 16%, golpeadas en senos, glúteos o genitales; 14%, forzadas a desnudarse; 3.5% sufrieron violación sexual vía oral, anal o vaginal y 3% introducción de objetos en cavidades. Los ataques psicológicos se clasifican en insultos en 18% de las entrevistas; intimidación, con 15%; humillaciones, 14%; aislamiento, 10%; y actos denigrantes, 9%, entre otros.
Durante su estancia en el Ministerio Público, 12.58% de las mujeres dijo que fue víctima de tortura sexual, 80.31% no consideró haber sido víctima de dicha conducta, y en 7.11% no se contó con información.
En el Estado de México, José Humbertus Pérez Espinoza, fundador de la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, recordó que en 2017 ganaron un amparo otorgado por el Juez Décimo Tercero de Distrito para que se investigue si se configura el delito de tortura cometido contra 340 personas privadas de la libertad, de las que 120 son mujeres y se encuentran recluidas en los penales de Barrientos, Santiaguito y Chiconautla. Sin embargo, a la fecha el amparo no se ha querido ejecutar.
“El penal que ocupa el primer lugar por más casos de tortura sexual a mujeres es el de Santiaguito, sobre todo para encuadrarlas en el delito de secuestro”, planteó el activista, quien indicó que las autoridades mayormente señaladas son los policías de investigación en delitos de alto impacto.
Las mujeres, expuso, también enfrentan discriminación por parte de los jueces, pues por más que se ha legislado en la perspectiva de género, persisten los machistas.
Además, añadió, “la mayoría de las víctimas son mujeres violentadas, en situación de pobreza y de discriminación y con problemas de violencia intrafamiliar”.