El grupo parlamentario de Morena en la Legislatura local advirtió que el nuevo fiscal está obligado a exigir a la Secretaría de Finanzas respete la autonomía administrativa de la institución, de tal manera que sea la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) quien maneje la nómina como un mecanismo que garantice su independencia.
El diputado Gerardo Ulloa, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, expuso que la FGJEM debe manejar el total de presupuesto que le fue autorizado, pues para eso es un órgano constitucional autónomo.
En este entendido, indicó que el nuevo titular de la Fiscalía está obligado a exigir a la Secretaría de Finanzas del Gobierno estatal la transferencia del total del presupuesto autorizado a ese órgano autónomo para su funcionamiento este año.
Para el morenista, es inadmisible que una institución, en teoría autónoma, siga sin ejercer directamente el presupuesto que por mandato de ley le corresponde, después de que el Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) encontró que el Gobierno central controla el pago de nómina.
Otra exigencia para la o el nuevo titular de la Fiscalía, dijo, debe ser la implementación inmediata de un esquema de depuración al interior de la institución para combatir la corrupción e impunidad, cuyos índices son de los más altos a nivel nacional.
Ulloa Pérez recordó que durante las comparecencias del ex fiscal Alejandro Gómez, éste admitió en múltiples ocasiones que la corrupción prevalece en algunas áreas de la Fiscalía.
Recordó que de 2014 a 2021, periodo en el que Alejandro Gómez Sánchez estuvo al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 17 mil 775 denuncias por homicidios dolosos, 716 feminicidios, mil 431 secuestros, 15 mil 374 abusos sexuales y 16 mil 490 violaciones.
En el mismo periodo se registraron 322 mil 172 robos de vehículos, 29 mil 438 robos a transportistas, 64 mil 669 robos en transporte público colectivo, 464 robos a instituciones bancarias y 115 mil 234 robos a negocio, entre otros.
La inseguridad, destacó el legislador, es una de las principales problemáticas para cualquier familia mexiquense, por lo que, desde su punto de vista, la dimisión de Gómez Sánchez tuvo su origen en la falta de resultados positivos.
Aunque admitió que el desempeño del cargo representa un gran desgaste familiar, profesional y presión social e institucional, Gerardo Ulloa destacó que cuando se asume una posición de esa envergadura se sabe perfectamente que la dedicación será total y los resultados deberán llegar porque si no es así simplemente no se están alcanzando los objetivos.
Aunque la ley establece que el cargo de fiscal debe durar nueve años, consideró que los legisladores están obligados a realizar una profunda reflexión respecto a si es viable un periodo tan largo, más aún cuando los resultados no llegan.
Por tal razón, destacó que el nuevo fiscal está obligado a la entrega de resultados positivos a la sociedad, investigaciones eficaces, científicas y a la baja de índices delictivos en el entendido que al detener a los delincuentes se dejarán de cometer algunos delitos.
También se pronunció porque el nuevo titular de la dependencia sea electo, necesariamente, por unanimidad, los que implicaría legitimidad para el cargo, pero también la oferta de un respaldo irrestricto para contribuir a un buen desempeño.