Las grandes lagunas que existen en la legislación mexicana en materia migratoria dejan en el desamparo a los inmigrantes indocumentados, afirmó el catedrático e investigador del Centro Universitario Texcoco de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Juan Carlos Delgado Siles.
Por ejemplo, el Estado garantiza la protección de los mexicanos por nacimiento y los mexicanos por naturalización, pero qué ocurre, cuestionó, con las personas que están de paso por nuestro país, ¿acaso no tienen derechos?
Al amparo de la protección de los derechos humanos, ¿el Estado mexicano está obligado a proteger a quienes no son mexicanos por nacimiento o naturalización?, sobre todo, considerando que muchos migrantes se quedan en nuestro país pidiendo dinero en los cruceros o haciendo prácticamente nada, ya que, al no tener documentación, no es fácil que consigan un empleo que les permita subsistir.
En este contexto, el universitario aseveró que el actual sistema jurídico mexicano está maquillado al amparo de un derecho garantista, que dice garantizar los derechos de las personas en todos los rubros; sin embargo, “contamos con un derecho penal funcionalista, es decir, que sirve para que funcione la maquinaria jurídica, pero que no garantiza, de ninguna manera, la protección de los derechos humanos”, dijo.
Así, indicó Delgado Siles, de los migrantes se viola el derecho a la libertad ambulatoria, el derecho a servicios como los de educación y salud y el derecho a poder denunciar ciertas arbitrariedades.
Consideró que la garantía de la protección de los derechos humanos es violada por las autoridades, pero principalmente por los primeros respondientes, aquellos que llegan primero al lugar de los hechos.
Así, puntualizó, las autoridades, por ejemplo, violan los derechos humanos de los migrantes, al hacer caso omiso a una petición de auxilio ante la denuncia de un robo, abuso sexual o secuestro.
Como resultado de su inacción, concluyó Juan Carlos Delgado Siles, parece que las autoridades protegen a los delincuentes, ya que no están obligadas a proteger a los migrantes.